La Organización de las Naciones Unidas carga hoy con dos golpes que la dejan expuesta ante el mundo: una asfixia financiera abierta y una pérdida de autoridad política que ya nadie puede maquillar. El secretario general, António Guterres, alertó a finales de enero de 2026 sobre el riesgo de un “colapso financiero inminente” después de que Estados Unidos, su mayor contribuyente, se negara a pagar las cuotas obligatorias para el presupuesto ordinario y para el mantenimiento de la paz.
La advertencia desnuda la fragilidad de una institución que nació en 1945 para sostener la paz, la seguridad colectiva y la cooperación entre Estados, pero que hoy aparece burocratizada, cara e incapaz de frenar conflictos o crímenes masivos. La ONU sigue invocando los principios que le dieron origen, mientras su Consejo de Seguridad se muestra impotente frente a las grandes crisis y su estructura arrastra una evidente desconexión con la realidad internacional.
En ese vacío de liderazgo, Donald Trump impulsa su “Junta de Paz”, un mecanismo intergubernamental pensado inicialmente para la reconstrucción de Gaza y presentado como alternativa al Consejo de Seguridad. El diseño de esa instancia, con membresía limitada e invitación directa del presidente, se acerca más a un club cerrado que a un foro multilateral. Argentina, El Salvador y Paraguay ya le han dado apoyo desde América Latina, en una muestra más de la fragmentación política de la región.
El problema para América Latina es doble. Por un lado, la región aspira a colocar a un secretario general latinoamericano para el período que comienza el 1 de enero de 2027; por el otro, no logra hablar con una sola voz ni sostener con seriedad el peso financiero que exige la ONU. Michelle Bachelet, Rebeca Grynspan y Rafael Grossi aparecen entre los nombres en carrera, pero cualquier aspiración de influencia queda debilitada si los propios gobiernos latinoamericanos incumplen con sus aportes y dejan al sistema multilateral sin respaldo material.
La lista de morosos es reveladora. A fecha de 15 de diciembre, Estados Unidos encabezaba los atrasos del presupuesto ordinario con 1 500 millones de dólares, seguido por Venezuela con 38 millones y México con 20 millones. También figuran de manera recurrente Belice, Brasil, Dominica, El Salvador, Ecuador, Panamá, Perú, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas y Uruguay, mientras Argentina y Surinam aparecen siempre como deudores al cierre del año.
Ese comportamiento vacía de contenido los discursos solemnes sobre multilateralismo. No se sostiene una defensa política de la ONU mientras se le priva del dinero que necesita para operar, sobre todo en áreas tan sensibles como los organismos de derechos humanos, las investigaciones, la cooperación técnica y las misiones de paz. La contradicción es todavía mayor en una región que depende de la asesoría y el apoyo de agencias como la CEPAL, el PNUD, la OIM y la UNODC, además de operaciones en lugares críticos como Haití.
América Latina también llega a esta discusión con su propia debilidad interna. La región sigue marcada por la presión bilateral de Estados Unidos, por sus diferencias ideológicas y por la falta de una base común para actuar dentro de Naciones Unidas. Al mismo tiempo, arrastra vulnerabilidades evidentes frente a los desastres naturales, las amenazas a la biodiversidad y el rezago en la transición hacia economías más sostenibles.
La crisis de la ONU no se limita a sus números rojos. Refleja una pérdida de peso de las instituciones multilaterales frente a gobiernos que anteponen la fuerza, la conveniencia y el cálculo político a las reglas que dicen defender. En ese tablero, América Latina quiere más espacio, más respeto y más voz, pero primero necesita orden, coherencia y cumplimiento. Sin dinero, sin disciplina y sin unidad, el reclamo regional queda reducido a pura retórica.
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