La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo expulsó de Nicaragua al sacerdote José Concepción Reyes Mairena, párroco de la Diócesis de León, después de retenerlo e interrogarlo en el Aeropuerto Internacional de Managua cuando regresaba al país desde España. El caso vuelve a poner sobre la mesa el acoso sistemático del régimen contra la Iglesia católica.
La salida forzada del padre Reyes Mairena no aparece como un episodio aislado. La investigadora exiliada Martha Patricia Molina, autora del informe Nicaragua: una Iglesia perseguida, denunció que con esta expulsión ya suman 309 sacerdotes y monjas exiliados, expulsados o impedidos de entrar a Nicaragua. Más del 95% son nicaragüenses, una cifra que retrata la dimensión del despojo religioso impulsado por el poder sandinista.
El hostigamiento también se mide en ataques y prohibiciones. Molina afirmó que desde 2018 el régimen de Ortega-Murillo ha perpetrado 1.070 ataques contra la Iglesia Católica y ha vetado 16 mil 500 procesiones. Esa presión no solo golpea la vida religiosa del país, también busca quebrar cualquier espacio de autoridad social que no responda al control político de la dictadura.
La represión alcanza además la formación de nuevos sacerdotes. En jurisdicciones como Jinotega, Matagalpa, Estelí y Siuna, el régimen ha bloqueado la ordenación de diáconos y sacerdotes, dejando el relevo pastoral prácticamente paralizado por falta de autorizaciones estatales. Comunidades enteras quedan así atrapadas en una política de asfixia que vacía parroquias y limita la vida eclesial desde arriba.
El mensaje de Ortega y Murillo es claro: la Iglesia puede ser tolerada solo si calla, se somete o se encoge. Cuando mantiene voz propia, el aparato represivo responde con expulsiones, vigilancia y cierres. El caso de José Concepción Reyes Mairena confirma que el poder nicaragüense sigue usando el exilio religioso como castigo y control.
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