La Fiscalía del régimen cubano pidió sanciones de hasta nueve años de cárcel contra ciudadanos que salieron a protestar pacíficamente por los apagones en Encrucijada, Villa Clara. La denuncia fue realizada por Cubalex, organización de derechos humanos que tuvo acceso a las conclusiones provisionales firmadas por el fiscal Ayrebi Miranda Pérez.
El expediente confirma la lógica represiva con que la dictadura responde al descontento social: convertir una protesta por electricidad en una causa penal. Según la acusación, los manifestantes habrían aprovechado “la falta de electricidad provocada por la crisis energética para perturbar la tranquilidad ciudadana” mediante toques de calderos y consignas. La frase retrata el fondo del caso: para el aparato judicial castrista, reclamar corriente en medio de apagones prolongados puede recibir trato de delito.
Las seis personas imputadas por “desórdenes públicos” participaron el 7 de noviembre de 2024 en una manifestación contra la falta de servicio eléctrico. Durante la protesta se escucharon reclamos directos como “¡Pongan la corriente!” y “¡Queremos corriente!”, acompañados por cacerolazos. En la información denunciada por Cubalex no aparecen actos vandálicos, violencia física ni daños a la propiedad.
Aun así, la Fiscalía intenta presentar esas acciones como una alteración masiva del orden público. Para Yandri Torres Quintana y Rafael Javier Camacho Herrera, el régimen solicita nueve años de prisión. Contra José Gabriel Barrenechea Chávez pide seis años. Para Rodel Bárbaro Rodríguez Espinosa reclama cinco años de cárcel, mientras que para Yuniesky Lorences Domínguez solicita cuatro años. En el caso de Marcos Daniel Díaz Rodríguez, la petición es de cinco años de limitación de libertad.
La desproporción de las sanciones coloca el caso de Encrucijada dentro del patrón de represión judicial que el castrismo utiliza para escarmentar a quienes se atreven a protestar. El delito real que persigue el régimen es la desobediencia pública de ciudadanos comunes, cansados de vivir a oscuras y sin respuestas. La acusación busca disciplinar a una comunidad entera con el castigo ejemplarizante de seis vecinos.
El expediente contra José Gabriel Barrenechea Chávez expone además el uso político de valoraciones morales y personales dentro de una causa penal. La Fiscalía lo acusa de haber instado a las personas a no retirarse del lugar, y añade señalamientos sobre su “relación con personas de mala moralidad”, su “conducta en redes sociales” y un supuesto “total desprecio por las normas de convivencia”. Esas formulaciones, lejos de probar violencia, muestran una persecución basada en criterios ideológicos y de control social.
El régimen no castiga únicamente el momento de la protesta. También intenta construir un perfil de culpabilidad alrededor de la conducta pública, las relaciones personales y la expresión en redes. Ese mecanismo permite convertir la inconformidad ciudadana en expediente judicial, y presentar como amenaza política lo que fue un reclamo elemental por electricidad.
Cubalex denunció que las supuestas pruebas presentadas por la Fiscalía no demuestran violencia, sino el ejercicio legítimo del derecho a la protesta. La organización afirmó que “exigir una vida digna no es un crimen” y calificó el proceso como una violación flagrante de los derechos humanos.
El caso no se limita a los seis acusados. La organización también señaló la situación de Andy Pérez Medero y Rasiel Cárdenas Pérez, detenidos en la comunidad de El Purio tras protestas similares. Ambos continúan encarcelados sin que exista contra ellos una petición fiscal, según la denuncia. Esa permanencia en prisión sin avance procesal funciona como castigo anticipado y como mensaje de intimidación para quienes padecen la misma crisis.
Otro nombre señalado por Cubalex es el del activista Alejandro Morales Pereira, arrestado meses después de los hechos tras exigir la liberación de los manifestantes. La organización alertó que su situación es crítica y que su vida corre peligro en prisión. La represión se extiende así desde quienes protestaron hasta quienes reclaman justicia para los detenidos.
Encrucijada refleja el método habitual de la dictadura ante la crisis energética y social: negar responsabilidad, perseguir el reclamo y usar los tribunales como brazo de control político. Los apagones empujaron a los ciudadanos a la calle; el régimen respondió con cárcel, acusaciones fabricadas y un expediente que intenta convertir calderos y consignas en amenaza al orden público.
La petición fiscal contra los manifestantes de Villa Clara confirma que en Cuba la protesta pacífica sigue bajo persecución penal. La exigencia de corriente, hecha por ciudadanos sin armas y sin daños reportados, terminó convertida en un proceso que puede arrebatar años de vida. Esa es la justicia del castrismo: dura con el pueblo que reclama y servil ante el poder que lo mantiene a oscuras.
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