El régimen cubano volvió a usar los tribunales como herramienta de castigo político. El Tribunal Provincial Popular de La Habana condenó a cinco años de prisión a Fernando Almenares Rivera, rapero de 35 años, por colocar cuatro pancartas con mensajes a favor de los derechos humanos y con la exigencia de “cambios ya” en la isla.
La sentencia, fechada el 22 de diciembre de 2025 y conocida a través de la agencia EFE, confirma el ensañamiento de una justicia subordinada al poder político. Almenares Rivera permanece en prisión provisional desde diciembre de 2024, mientras el aparato represivo convirtió una protesta simbólica en un delito de propaganda contra el orden constitucional.
El artista, identificado también como Nando OBDC, fue acusado de actuar por encargo de Cuba Primero, una organización disidente radicada en el exilio y señalada por el régimen como “contrarrevolucionaria” en Estados Unidos. Según la resolución, recibió 200 dólares para escribir y colocar las pancartas en un tramo de la salida de La Habana hacia Matanzas.
La sentencia también atribuye el envío del dinero al cubanoamericano Armando Labrador, presentado en las redes de Cuba Primero como fundador y presidente de esa asociación. Tanto esa organización como Labrador figuran en la lista de entidades y personas terroristas publicada por el régimen en agosto de 2025, una etiqueta que La Habana usa para cerrar el cerco contra la disidencia y endurecer la persecución política.
Activistas cercanos al rapero negaron a finales del año pasado que mantuviera vínculos con Cuba Primero, aunque sí reconocieron colaboraciones con el Comité Ciudadano por la Integración Racial y la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana. La causa descansó, además, en el testimonio de un teniente coronel de la Policía y en la comparación de la caligrafía del sancionado con los mensajes escritos en las pancartas.
Almenares Rivera negó los hechos durante el juicio. Aun así, los jueces sostuvieron que las frases “Cuba Primero en las calles por los derechos humanos”, “queremos cambios ya Cuba Primero” y “Cuba Primero en las calles” tenían la intención de provocar desórdenes sociales, alterar la tranquilidad ciudadana y estimular acciones contra el orden social establecido en el país.
La condena deja otra vez al descubierto la lógica del régimen: cualquier expresión pública de disenso puede terminar en cárcel, sobre todo cuando sale de los márgenes tolerados por el poder. La sentencia todavía no es firme y puede ser apelada en un plazo de 10 días hábiles.
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