El régimen cubano dejó firme la condena de cadena perpetua por espionaje y los 30 años de prisión por delitos económicos contra el exministro de Economía Alejandro Gil Fernández, según denunció su hermana, María Victoria Gil, en una conversación con Martí Noticias. La decisión confirma un proceso marcado por el secretismo, la ausencia de transparencia y el peso político de una sentencia que la familia considera predeterminada.
María Victoria afirmó que el abogado defensor, Abel Solá, fue citado este martes ante el Tribunal Supremo para conocer el resultado de las apelaciones presentadas por la defensa. Una de ellas estaba vinculada a los supuestos delitos económicos y la otra, tramitada directamente por el alto tribunal, a la acusación de espionaje. De acuerdo con su relato, todo quedó intacto: la cadena perpetua se mantuvo y también la pena adicional de 30 años.
La hermana del exministro insistió en que nunca se han mostrado pruebas públicas que sostengan la acusación de que Alejandro Gil era agente de la CIA. En su criterio, el caso se ha manejado en un hermetismo total, sin juicio público ni garantías visibles para la opinión pública, en un país donde la justicia responde al interés del poder y no al derecho del ciudadano.
La familia también denunció las consecuencias que ahora vienen detrás de la sentencia. El régimen avanzará con sanciones accesorias que incluyen la confiscación de bienes, entre ellos la vivienda donde viven la esposa de Gil, su hija y una nieta de apenas tres años, además de la casa de la suegra del exministro, una anciana cercana a los 90 años. La medida deja a varias personas ajenas al caso expuestas al desamparo por una maquinaria punitiva que castiga sin reparo a los inocentes alrededor del acusado.
María Victoria Gil sostuvo además que su hermano permanece incomunicado desde el inicio del proceso y que la familia desconoce su estado físico y emocional. Solo saben que sigue recluido en la prisión de Guanajay, mientras el aparato judicial del régimen actúa con total opacidad y sin rendir cuentas.
Durante la entrevista, reconoció que Alejandro Gil formó parte del alto aparato del régimen y se benefició de sus privilegios, pero defendió que no cometió actos de corrupción y que terminó convertido en chivo expiatorio de políticas económicas fallidas, entre ellas el ordenamiento monetario, diseñadas y aprobadas por la propia cúpula gobernante. La lectura familiar apunta al viejo mecanismo del castrismo: proteger al sistema y sacrificar a uno de los suyos cuando la crisis aprieta.
La familia no descarta acudir a instancias internacionales, incluidas cortes europeas, y promete seguir denunciando el caso. Para los Gil, la sentencia cerró una etapa de apelaciones, pero abrió otra de condena social y política contra un proceso que el régimen quiso sellar lejos de la luz pública.
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