El Ministerio del Interior volvió a convertir un operativo policial en espectáculo propagandístico. Esta vez fue en el Consejo Popular Rampa, en el Vedado habanero, donde el perfil Héroes de Azul en Cuba, vinculado al Minint, presentó como “decisiva” una redada contra el avance del “químico”, la droga sintética que sigue ganando espacio en la isla.
La publicación oficialista aseguró que la Policía Nacional Revolucionaria y fuerzas especializadas registraron una vivienda en la calle I, entre 9na y 11na, en el municipio Plaza de la Revolución, y que allí ocuparon dosis de esa sustancia. No ofreció cantidades, no identificó detenidos y no informó imputaciones formales ni garantías procesales. El dato policial quedó enterrado bajo un montaje comunicacional pensado para exhibir autoridad, no para rendir cuentas.
El mensaje insistió en la “capacidad de despliegue” y en la “tolerancia cero” del Estado frente al narcotráfico. Ese lenguaje, repetido con disciplina por las páginas oficialistas, forma parte de una campaña que intenta vender control en redes sociales mientras el consumo de drogas sintéticas se expande entre los jóvenes y golpea con más fuerza en barrios cada vez más hundidos por la crisis.
En meses recientes, las publicaciones del régimen han empujado la misma narrativa con operativos parecidos. Las propias autoridades admiten que en Cuba circulan al menos 40 variantes de cannabinoides sintéticos, de bajo costo y alta rentabilidad. También han reconocido nuevas formas de introducción, incluso impregnadas en papel, y el desplazamiento del tráfico desde La Habana hacia provincias orientales como Holguín.
Pese a esos datos, la respuesta visible sigue atada al castigo y a la propaganda. Las autoridades prefieren mostrar arrestos aislados y pedir denuncias ciudadanas, mientras evitan explicar cómo se multiplica este negocio dentro de un país donde el Estado controla fronteras, puertos y comercio. Tampoco asumen las responsabilidades institucionales que el problema deja al descubierto.
El propio discurso gubernamental ha admitido que entre 2024 y diciembre de 2025 se frustraron 72 operaciones vinculadas a drogas procedentes de 11 orígenes distintos. También se han endurecido las penas, que pueden llegar hasta 30 años de prisión o cadena perpetua en los casos agravados. Aun así, el régimen sigue apostando por la escenificación policial y por la mano dura como respuesta principal.
Mientras el Minint transforma cada operativo en contenido para Facebook, el deterioro económico, la crisis social y la falta de prevención eficaz alimentan la expansión del “químico”. La puesta en escena puede servir para sostener una imagen de control, pero no resuelve el desorden de fondo ni el fracaso del régimen para proteger a la población.
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