El régimen cubano expulsó del país al sacerdote mexicano José Ramírez, de la Congregación de la Misión, después de que hiciera sonar las campanas del templo de La Milagrosa durante un apagón y en señal de respaldo a los vecinos que protestaban en Santos Suárez. La represalia confirma hasta dónde llega el control político sobre la vida religiosa cuando un gesto de solidaridad incomoda al poder.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció que la Oficina de Asuntos Religiosos del Partido Comunista, dirigida por Caridad Diego Bello, canceló el permiso de residencia del religioso como castigo directo por aquella acción. Ramírez tocó las campanas en medio de la noche del lunes 8 de diciembre, cuando la frustración por los cortes eléctricos y la crisis social empujó a residentes del barrio habanero a alzar la voz.
La salida forzada del sacerdote, ya de regreso en México, deja al descubierto una práctica vieja del castrismo: convertir cualquier muestra de empatía con el pueblo en motivo de sanción. Un cura conocido por su trato cercano con los más pobres terminó tratado como un problema de orden público por haber respaldado a una comunidad golpeada por el apagón y la miseria cotidiana.
Yaxis Cires, jefe de estrategias del Observatorio, calificó la medida como una reprimenda por un acto de apoyo a los vecinos. La organización también alertó sobre el deterioro de la libertad religiosa en la isla y señaló que ese cerco forma parte de un patrón que se repite en otros regímenes aliados de La Habana, como Nicaragua y Venezuela.
La denuncia apunta además a la doble moral del aparato oficial. Mientras el régimen exhibe en La Habana a jerarcas religiosos afines y promueve discursos de aparente apertura, castiga sin titubeos a un sacerdote que se puso del lado de la gente en una noche de apagones y protesta. Esa es la realidad de la supuesta tolerancia religiosa que vende el castrismo: permiso para la propaganda, castigo para la conciencia.
El Observatorio recordó que en 2024 documentó al menos 996 actos contra la libertad religiosa en Cuba. En su informe de 2023, basado en testimonios recogidos en todo el país, el 68 por ciento de los entrevistados afirmó conocer a creyentes acosados, reprimidos, amenazados u obstaculizados por su fe. Más de la mitad dijo que líderes o grupos religiosos han sido frenados mediante la negación o el condicionamiento de permisos para templos, procesiones, cultos y actividades públicas.
En ese entramado de control, la Oficina de Asuntos Religiosos aparece señalada como pieza clave. Según el informe citado por el Observatorio, ese organismo del Partido Comunista fue identificado por el 68 por ciento de los creyentes consultados como responsable de violaciones vinculadas al ejercicio de la fe. El caso de José Ramírez vuelve a mostrar que, en Cuba, el régimen no tolera ni siquiera la solidaridad cuando viene desde un altar.
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