El régimen cubano endureció la vigilancia sobre opositores y volvió a limitar las comunicaciones después de los sucesos en Venezuela. La respuesta confirma la obsesión del poder por cerrar cualquier resquicio de información cuando el clima político se mueve fuera de su control.
La denuncia encaja en un método que la dictadura repite con disciplina: más presión sobre la disidencia, más cerco sobre el acceso a internet y más hostigamiento contra quienes intentan organizarse o denunciar abusos. En la isla, la conexión sigue sometida al control político y convertida en un blanco directo del aparato represivo.
Ese uso de la red como mecanismo de castigo vuelve a mostrar la fragilidad del régimen, que responde con censura y apagón digital ante cualquier tensión que le incomode. Cada corte de comunicaciones deja claro que la libertad de expresión en Cuba depende del capricho del poder y de su necesidad de mantener a la población aislada, vigilada y sin voz.
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