La salida de Aymara Nieto Muñoz hacia República Dominicana confirma una práctica cruel del régimen cubano: expulsar a sus críticos después de someterlos a años de cárcel, aislamiento y castigo. La integrante de las Damas de Blanco llegó a Santo Domingo este lunes junto a su esposo, el ex preso político Ismael Boris Reñí, y dos de sus hijas menores de edad. En Cuba quedó su hija mayor, a la que las autoridades ni siquiera dejaron despedirse.
Nieto fue sacada de la Prisión de Trabajos Forzosos Bella Delicia, en La Habana, y llevada directamente al aeropuerto en un operativo que también incluyó la interrupción de las comunicaciones de sus familiares. El régimen cerró el paso a cualquier contacto humano básico y ejecutó la expulsión con la misma lógica con que ha manejado la represión contra la disidencia: aislamiento, control y castigo. La activista María Regla Castro lo dijo sin rodeos: eso tiene un solo nombre, destierro.
Organizaciones como Prisoners Defenders ya habían advertido que la libertad de Nieto estaba condicionada a su salida definitiva de la Isla. Esa fórmula convierte la liberación en otra forma de sanción política. El preso sale de la celda, pero pierde la patria. Abandona la prisión bajo amenaza de no volver a pisar Cuba.
La historia de Nieto venía marcada por la persecución desde hace años. Cumplía una segunda condena consecutiva impuesta en 2022 por “desórdenes en establecimiento penitenciario”, tras el motín en la cárcel de mujeres del Guatao en 2020, cuando ya estaba cerca de extinguir una pena anterior de cuatro años por “atentado” y “daños”. Antes, había sido detenida violentamente en 2018. Desde entonces, el cerco judicial y policial contra ella se convirtió en una cadena diseñada para quebrarla.
Durante su encarcelamiento, la Dama de Blanco padeció depresión, problemas de presión arterial y dengue. También sufrió traslados a más de 600 kilómetros de su familia, una forma de castigo adicional que le impidió ver durante años a sus dos hijas menores. Su esposo denunció además que en la prisión de El Guatao no recibía tratamiento médico para controlar la hipertensión. En el sistema penitenciario cubano, la familia y la salud suelen convertirse en instrumentos de presión contra el preso político.
La periodista Yoani Sánchez describió el caso como una prueba de la política represiva del régimen contra sus críticos. Prisoners Defenders insistió en que se trata de un destierro prohibido por el derecho internacional y recordó que la activista pasó ocho años tras las rejas por motivos políticos. El hecho encaja en un patrón que el castrismo ha aplicado contra opositores, periodistas y activistas: sacar del país a quien no logra callar con cárcel, vigilancia o amenaza.
En los últimos años, ese mecanismo ha alcanzado a otros nombres de la sociedad civil cubana, obligados a marcharse o impedidos de regresar bajo la presión del aparato represivo. El caso de Aymara Nieto vuelve a dejar al descubierto la misma lógica: el régimen no concede libertad, administra destierros. Y cuando cierra una celda, abre una herida en la familia y en el derecho elemental de todo cubano a vivir en su propio país.
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