La ofensiva de Chuck Schumer contra el gasto del Pentágono abrió otro frente en Washington, pero terminó chocando con una realidad incómoda para los demócratas: el programa de subsidios de Obamacare que él intenta defender arrastra señalamientos por inscripciones indebidas, fraude y una carga creciente para el contribuyente.
El líder de la minoría en el Senado lanzó una crítica viral contra Pete Hegseth por el gasto de 93,4 mil millones de dólares en el último mes del pasado año fiscal, con compras que incluyeron alimentos de lujo para las tropas, entre ellos king crab. Con ese dato, Schumer buscó argumentar que esa misma suma podría sostener durante tres años la extensión de los créditos fiscales mejorados de la ACA, aunque el dinero de defensa y los subsidios de salud no sean intercambiables de forma directa.
El problema para su mensaje político es que la discusión sobre Obamacare volvió a quedar bajo la lupa por fallas viejas y nuevas. Brian Blase, presidente del Paragon Health Institute, sostuvo que el sistema necesita reforma y advirtió que meter más subsidios no abarata la cobertura; solo dispara el costo total que termina pagando el contribuyente. Su crítica apunta al corazón del modelo: el gobierno traslada dinero directo a las aseguradoras, las primas siguen subiendo y la factura pública no deja de crecer.
Blase también señaló que el programa carga con inscripciones impropias y con los llamados “phantom enrollees”, personas ficticias o que ni siquiera saben que figuran en un plan. Según estimaciones de Paragon, más de 6,4 millones de inscritos pudieron haber declarado ingresos más bajos de lo real para calificar, mientras entre 3 y 4 millones de beneficiarios en el mercado de la ACA podrían entrar en esa categoría de afiliados fantasma. Para una política pública que presume de ampliar el acceso, la cifra revela otro tipo de desorden: dinero público saliendo por grietas que el Estado no controla.
La advertencia no se queda en la sospecha. El propio Departamento de Justicia logró condenas de 20 años de prisión para dos ejecutivos de seguros por montar un fraude de 233 millones de dólares mediante inscripciones sin conocimiento de los afectados. Y una revisión de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental encontró que el riesgo persiste: en pruebas encubiertas de 2025, el mercado aprobó cobertura para la mayoría de los solicitantes ficticios y 18 de 20 siguieron activos en septiembre, con más de 10.000 dólares mensuales en subsidios. El informe además detectó decenas de miles de números de Seguro Social usados para múltiples inscripciones.
La pelea política alrededor de estos créditos ya había empujado el año pasado un cierre del gobierno durante seis semanas. Ahora vuelve con una carga adicional: por un lado, demócratas que insisten en extender subsidios mejorados; por otro, expertos y autoridades que describen un sistema expuesto al fraude, al despilfarro y al enriquecimiento de aseguradoras que elevan primas mientras el Estado cubre la mayor parte del costo.
La escena deja una lección incómoda para cualquier debate sobre gasto público: cuando el poder vende como alivio social un esquema sostenido por subsidios crecientes, vigilancia débil y contratos inflados, la cuenta casi siempre termina en la espalda del contribuyente. Schumer eligió el Pentágono para golpear políticamente, pero el problema que lo persigue está en casa: un modelo de salud que promete abaratar y termina encareciendo, con el Estado como pagador final y los abusos creciendo a la sombra del sistema.
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