La minera canadiense Sherritt anunció que detendrá sus operaciones en Cuba desde la próxima semana, un golpe directo a la mina de Moa y a una de las pocas fuentes de divisas fuertes que aún sostienen al régimen. La decisión llega después de que la empresa recibiera la notificación de que no se cumplirán las entregas de combustible previstas para ese proyecto.
El impacto cae sobre una operación clave de níquel y cobalto en el oriente cubano, minerales que alimentan la industria de baterías y aleaciones y que durante años han sido parte esencial del ingreso externo del país. Cuando esa cadena se rompe, el daño no se limita a la planta: se agrava el ahogo financiero de La Habana y se profundiza la asfixia cotidiana que ya sufre la población por la falta de combustible.
Sherritt advirtió que prevé poner en pausa la planta de procesamiento la próxima semana, sin que por ahora se sepa cuándo podrían reanudarse las entregas de combustible. Esa incertidumbre retrata el nivel de deterioro al que ha llegado Cuba, donde la escasez de combustible dejó de ser un problema puntual para convertirse en un rasgo permanente de la economía administrada por el régimen.
La gravedad del caso también se entiende por el contexto político que rodea el suministro. Cuba llevaba años dependiendo del crudo venezolano, una vía que quedó cortada tras la caída de Nicolás Maduro en una intervención militar estadounidense. A eso se sumó la orden de Donald Trump de imponer aranceles comerciales a los países que abastezcan de petróleo a la isla, una presión que llevó a La Habana a racionar el combustible.
El resultado es un nuevo estrangulamiento para un país ya hundido en una crisis económica profunda. La suspensión de Moa compromete ingresos, empleo y capacidad operativa en una economía que vive al borde del colapso, mientras el régimen vuelve a pagar el precio de su dependencia externa, su fragilidad estructural y su incapacidad para garantizar lo básico.
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