El Tribunal Supremo cerró este jueves la puerta a anular la condena contra el ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz por revelación de secretos, al rechazar los incidentes de nulidad planteados por su defensa y por la Fiscalía. La decisión consolida la sentencia dictada en noviembre, que le impuso dos años de inhabilitación, una multa de 7.200 euros y el pago de 10.000 euros de indemnización.
El fallo deja a García Ortiz atrapado en una condena que el alto tribunal considera vinculada a la filtración de datos reservados de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Para el Supremo, la actuación del entonces jefe de la Fiscalía cruzó una línea que ni la defensa de la institución ni la respuesta a ataques públicos pueden cubrir con el manto de la libertad de expresión.
La Sala de lo Penal fue tajante al afirmar que una nota informativa con información confidencial, conocida por razón del cargo, no queda amparada por ese derecho. También rechazó que la necesidad de respaldar a la Fiscalía frente a ataques institucionales borre la antijuridicidad de la conducta. En su criterio, la protección de la imagen de una institución no autoriza a divulgar secretos.
La resolución, sin embargo, no salió unánime. Las magistradas Susana Polo y Ana Ferrer volvieron a defender la nulidad de la sentencia y sostuvieron que el caso debió terminar con la absolución de García Ortiz. En su voto particular insistieron en que varios periodistas declararon haber conocido el correo comprometido antes de la nota de la Fiscalía, un elemento que para ellas debilitaba la tesis de la condena.
Ese criterio discrepante también cuestiona que la nota informativa revelara datos que no fueran ya conocidos por la opinión pública. Las magistradas entienden que los testimonios de los periodistas fueron coherentes y corroborados, y que los indicios valorados por la mayoría no alcanzaban para destruir la presunción de inocencia.
Más allá del pleito concreto, el caso vuelve a exhibir el deterioro moral y político de unas instituciones que, incluso en sistemas democráticos, pueden terminar contaminadas por la mezcla de poder, filtraciones y cálculo político. La respuesta judicial del Supremo marca un límite claro: la autoridad del cargo no autoriza a manipular información reservada ni a usar la maquinaria del Estado para defenderse de la crítica o del escándalo.
Para el lector cubano, la lección es evidente. Allí donde no existen contrapesos reales, la filtración, la impunidad y el uso partidista de las instituciones se convierten en rutina. En una democracia con fisuras, todavía queda un tribunal capaz de dejar por escrito que la ley no protege abusos maquillados como defensa institucional. En Cuba, el régimen ni siquiera se somete a ese tipo de examen.
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