Tabacuba y Habanos S.A. terminaron por admitir el uso de mano de obra penitenciaria en la fabricación de puros destinados a la exportación. El régimen intenta vestir esa práctica como capacitación profesional y participación voluntaria, pero la propia confirmación oficial abre la puerta a una denuncia mucho más grave: el trabajo forzoso dentro de las cárceles cubanas.
La admisión fue enviada por escrito por Habanos S.A. al medio especializado Half Wheel. Para Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, esa respuesta constituye una prueba irrefutable de las denuncias que su organización viene sosteniendo sobre el sistema penitenciario cubano. Según explicó a Martí Noticias, la reacción llegó después de que los accionistas externos exigieran explicaciones a las autoridades cubanas por las acusaciones de trabajo forzoso.
En su declaración pública, Habanos S.A. reconoció que Tabacuba admitió la existencia de instalaciones penitenciarias con capacidad de producción para la manufactura de habanos. El dato confirma que una parte de esa industria, pensada para la exportación, depende de reclusos sometidos al control del aparato estatal.
Prisoners Defenders sostiene que ese reconocimiento valida varios puntos centrales de su informe sobre el trabajo forzoso en prisiones cubanas. La organización identificó fábricas de tabaco dentro del sistema penitenciario en Aguacate, en Quivicán; Guamajal, en Villa Clara; Cubasí, en Holguín; el PRE de Angola, en Artemisa; el Combinado del Este, en La Habana, y Boniato, en Santiago de Cuba.
La denuncia incluye la participación directa de reos en la elaboración de puros, incluidos presos políticos, en entornos coercitivos donde no existe consentimiento libre, informado y voluntario. Ese es el núcleo del escándalo que el régimen pretende encubrir detrás de un discurso de reinserción laboral mientras mantiene intacto el control sobre los internos y sobre la producción que sale de las cárceles.
El problema alcanza también la cadena comercial internacional. Los habanos elaborados bajo ese esquema van a mercados de exportación, mientras Habanos S.A. ni siquiera aclara si los presos sometidos a ese sistema reciben salario. El silencio oficial refuerza la opacidad de una práctica que encaja con la lógica de explotación aplicada por el castrismo dentro del sistema penitenciario.
La denuncia tiene además un peso internacional. En agosto, el relator especial de Naciones Unidas sobre las Formas Contemporáneas de la Esclavitud, Tomoya Obokata, adoptó un informe de una organización independiente sobre el uso de trabajo forzoso en las cárceles cubanas, en especial en la producción de carbón vegetal de marabú para la exportación. A eso se suma una denuncia formal presentada por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos ante el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas.
La admisión de Tabacuba y Habanos S.A. deja al descubierto una realidad incómoda para el régimen: la economía cubana también se sostiene sobre el encierro, la coerción y el aprovechamiento de presos como fuerza laboral barata. La confirmación oficial no cierra el caso; lo agrava.
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