Un tiroteo en el estrecho de Florida terminó con cuatro muertos cuando un barco robado, con 10 personas a bordo y cargado con armas, salió de los Cayos de Florida rumbo a Cuba. La versión del régimen en La Habana fue inmediata: dijo que los ocupantes eran terroristas que intentaban infiltrarse en la isla.
El episodio dejó una estela de versiones cruzadas, sospechas y viejas heridas políticas en ambos lados del estrecho. En Miami, el caso volvió a exponer a los grupos antigubernamentales cubanos que durante décadas alimentaron la idea de la confrontación armada contra el castrismo, aunque su peso real hoy sea mucho menor que en los años de la Guerra Fría.
La escena también reactivó un debate incómodo para el exilio cubano de línea dura. Las acciones violentas, las redadas armadas y los gestos provocadores que marcaron a organizaciones como Alfa 66 y Omega 7 siguen formando parte de una memoria política que nunca desapareció del todo, pero que perdió fuerza con el paso de los años y con la presión de las autoridades estadounidenses contra esos grupos.
Antonio Tang, un exintegrante de Alpha 66, recordó que muchas de esas operaciones terminaban antes de arrancar y admitió que no podían competir con el ejército ni con el Ministerio del Interior cubanos. Sus palabras describen un ciclo que el régimen supo aprovechar durante décadas: infiltrar, vigilar y desarticular a los opositores armados, mientras presentaba a la comunidad del exilio como una amenaza extremista.
Ese ángulo aparece otra vez en el testimonio del exoficial de inteligencia cubano Enrique García, quien aseguró que un departamento conocido como Q-2 pasó años cooptando grupos de resistencia armada. Según su relato, el aparato de inteligencia del régimen también se infiltró en Hermanos al Rescate, la organización que perdió a cuatro miembros en 1996 cuando aviones de combate cubanos derribaron sus aeronaves en el estrecho de Florida.
La sospecha de una operación de inteligencia cubana planeó de inmediato sobre el incidente, sobre todo por el momento en que ocurrió: en plena presión de Washington sobre La Habana y en un ambiente político más agresivo hacia el régimen. García también dijo que no recuerda un acto encubierto del tipo denunciado por Cuba en al menos tres décadas, una observación que refuerza las dudas sobre la narrativa oficial cubana.
Mientras los gobiernos se cruzan acusaciones, las familias quedaron atrapadas en una historia incompleta y dolorosa. Marina Luz Padrón pidió privacidad mientras lloraba la muerte de Héctor Cruz Correa, a quien describió como un buen padre de un niño de 4 años que aún no conoce su destino. Otras familias presentaron a los fallecidos como hombres pacíficos, muy lejos del retrato de “terroristas” que difundió el régimen.
Entre esas versiones aparecen también las contradicciones del propio exilio. Ibrahim Bosch, presidente del Partido Republicano de Cuba, recordó a Michel Ortega Casanova como un dirigente activo y dedicado a su familia; su hermano, en cambio, dijo que estaba consumido por una búsqueda obsesiva de la libertad para Cuba. Esa fractura resume una realidad que el castrismo ha explotado durante años: la desesperación de los cubanos expulsados por la falta de libertad en la isla, junto a los márgenes violentos que aún sobreviven en la diáspora.
El saldo del tiroteo no solo son cuatro muertos y muchas preguntas. También queda la evidencia de una herida política que el régimen mantiene abierta con represión, control y propaganda, mientras en el exterior persisten pequeños grupos que siguen imaginando la caída de Cuba por la vía armada. El resultado es el mismo de siempre: más dolor para las familias, más ruido político en Miami y más poder narrativo para La Habana.
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