Donald Trump salió de inmediato a recomponer su estrategia comercial después de que la Corte Suprema de Estados Unidos tumbara los aranceles que había impuesto por órdenes ejecutivas. El presidente anunció que buscará otras vías para volver a aplicarlos y dejó abierta la puerta a nuevos embargos comerciales contra países que considere adversarios.
En una comparecencia ante la prensa, Trump aseguró que seguirá defendiendo los aranceles que ya están amparados por otras leyes federales y adelantó una nueva orden para imponer un gravamen global del 10% bajo la Sección 122, además de los aranceles normales ya vigentes. El mensaje fue claro: la derrota jurídica no lo llevará a desarmar la política proteccionista que ha convertido en bandera de su mandato.
La Corte, por seis votos contra tres, consideró que el presidente excedió las facultades que le concede la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 al usarla para imponer esos aranceles. El fallo remarca el choque entre el Ejecutivo y el Congreso sobre quién manda realmente en materia comercial, aunque deja sin resolver si el Gobierno federal deberá devolver lo cobrado a los importadores.
Trump respondió con dureza y calificó la decisión de “profundamente decepcionante”. También arremetió contra parte del tribunal y defendió su tesis de que Estados Unidos ha sido perjudicado por acuerdos y prácticas comerciales que, a su juicio, favorecen a otros países a costa de la industria norteamericana.
El caso tiene una lectura que va más allá del pleito institucional. La disputa confirma que el presidente quiere conservar un poder comercial amplio, capaz de intervenir la economía con el argumento de la seguridad nacional. Ese modelo de presión, que mezcla política exterior, comercio y sanciones, golpea a aliados y adversarios por igual y marca el rumbo de una Casa Blanca dispuesta a usar los aranceles como arma de fuerza.
En ese esquema también entra Cuba. La orden ejecutiva vinculada a la isla la declaró emergencia nacional y definió al régimen comunista como una amenaza inusual y extraordinaria para Estados Unidos. Además, plantea imponer aranceles adicionales a los países que suministren petróleo a La Habana, en respuesta a la cooperación cubana con actores hostiles como Rusia, China, Irán y grupos terroristas.
Para el castrismo, la presión no llega sobre terreno limpio. Llega sobre una economía rota, dependiente y sostenida por alianzas externas que el régimen vende como soberanía mientras profundiza la miseria interna. Cada endurecimiento comercial en torno a la isla refleja también el costo internacional de una dictadura que vive de la confrontación, del subsidio ajeno y de la exportación de sus crisis.
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