La Casa Blanca dejó sin efecto los aranceles punitivos contra los países que envíen petróleo a Cuba, pero la presión sobre el régimen de la Isla sigue intacta. La marcha atrás de Donald Trump, dictada tras el fallo de la Corte Suprema sobre el uso de la IEEPA, no cerró la puerta a nuevas medidas contra el suministro de combustible que sostiene al aparato cubano.
Dos especialistas citados por EFE aseguran que Washington conserva herramientas legales para seguir apretando donde más le duele a La Habana: el flujo de petróleo. La orden ejecutiva firmada la semana pasada anuló los gravámenes creados bajo ese mecanismo, pero mantuvo viva la declaración de “emergencia nacional” por la supuesta amenaza que representa el régimen cubano para Estados Unidos.
Ese detalle tiene peso político. El Tribunal Supremo limitó el uso de la ley para imponer aranceles, pero la Casa Blanca no retiró la señal de castigo. El mensaje a quienes abastecen a Cuba sigue sobre la mesa, aunque cambie el instrumento.
John Kavulich, presidente del Consejo Comercial y Económico EE.UU.-Cuba, advirtió que la orden original no quedó desarmada por completo. A su juicio, el Gobierno cubano cometería un error si interpreta la decisión judicial como protección. Pedro Freyre, abogado cubanoamericano y socio del bufete Akerman, fue más directo: la Casa Blanca puede acudir a otras vías, incluidas medidas bancarias del Tesoro o sanciones secundarias contra quienes participen en el suministro de combustible.
La lectura de ambos especialistas apunta al mismo centro del problema. El castrismo no debe apostar a que la eliminación de un mecanismo específico traiga alivio real. La presión puede cambiar de forma, pero no desaparece. Y eso deja al desnudo una dependencia energética que el régimen ha administrado con improvisación, opacidad y castigo para la población.
Kavulich describió esa estrategia como una táctica del miedo, basada en amenazar para provocar resultados sin necesidad de ejecutar todas las advertencias. También planteó escenarios hipotéticos sobre compras de crudo bajo reglas aparentemente limpias, aunque descartó que Cuba tenga peso suficiente para alterar por sí sola la correlación internacional. Freyre, por su parte, resumió la posición de Washington como una exigencia de cambio de política en la Isla, no necesariamente de relevo inmediato en la cúpula.
Esa diferencia no es menor. La presión estadounidense apunta al corazón del modelo de control del régimen: el combustible que sostiene el transporte, los hospitales, la producción y la vida diaria en un país hundido en la crisis. Cuando el petróleo escasea, se multiplican los apagones, se frena la movilidad, se acumula basura y se paraliza aún más una economía ya devastada por la mala gestión y el autoritarismo.
La maniobra de Trump deja una señal política clara. El régimen puede celebrar el retiro de un arancel puntual, pero no tiene motivos para cantar victoria. El cerco energético sigue siendo una amenaza real, y la responsabilidad de la crisis cubana continúa recayendo sobre una dirección que ha vaciado al país, lo ha vuelto dependiente de importaciones y ha convertido cada falla de suministro en un golpe directo contra la población.
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