Una veintena de estudiantes de la Universidad de La Habana salió este lunes a exigir mejores condiciones para la educación a distancia, en medio de una crisis de combustible y energía que obligó al régimen a suspender las clases presenciales y dejó a la enseñanza superior atada a una conectividad precaria. La protesta, breve pero visible, ocurrió en la escalinata de la casa de altos estudios y expuso un malestar que ya no cabe dentro de los salones ni de las consignas oficiales.
Los jóvenes reclamaron acceso real a internet para poder seguir las clases desde sus casas, después de que la medida entró en vigor el 6 de febrero como parte de un paquete de emergencia. El problema no es solo académico: en un país donde la conexión falla, los cortes de electricidad se alargan y la telefonía móvil se resiente, estudiar a distancia se convierte en otra carga para las familias y en otra demostración del colapso cotidiano que impone el régimen.
La escena tuvo un peso político evidente por lo inusual. En la isla, donde la protesta pública suele ser contenida, vigilada o desactivada, la queja de estudiantes en un espacio emblemático de La Habana rompe la comodidad con que las autoridades intentan administrar el desastre. Anabel Oliva, una de las universitarias presentes, habló de una voz ajena que siempre termina imponiéndose sobre los reclamos de los alumnos, mientras exigía respuestas más rápidas de la universidad.
También quedó al descubierto el modo en que el sistema responde cuando la presión sube. Un profesor de la UH, José Julián Díaz, admitió que no están acostumbrados a ese tipo de discusiones con estudiantes, y el viceministro primero de Educación Superior, Modesto Gómez, aseguró que las autoridades se reúnen “permanentemente” para valorar ajustes. La frase revela el mismo patrón de siempre: improvisación, control desde arriba y una administración que llega tarde a cada crisis.
La suspensión de las clases presenciales llega, además, en un país asfixiado por apagones que en La Habana alcanzan hasta 17 horas y en otras provincias duran jornadas completas. Esa realidad golpea de lleno a la educación superior, pero también a la telefonía y al acceso móvil, dos herramientas básicas para cualquier intento de enseñanza remota. El resultado es previsible: el estudiante queda atrapado entre la escasez energética, la mala conectividad y la ineficiencia estatal.
El descontento universitario vuelve a poner bajo luz la fragilidad de un sistema que promete igualdad mientras reparte privaciones. En junio de 2025, algunos sectores universitarios ya habían convocado un paro por la subida de las tarifas de internet móvil impuesta por la estatal de telecomunicaciones, una decisión que favorecía la compra de recargas en dólares y castigaba el bolsillo en pesos. La educación, como casi todo en Cuba, termina pagando el costo de un modelo que deteriora servicios, empuja a la dependencia y luego pide paciencia.
Sé el primero en comentar