En Cuba, estudiar ya dejó de ser una ruta mínimamente segura hacia el futuro. La crisis económica y los estipendios miserables han empujado a miles de universitarios a repartir su tiempo entre las aulas y cualquier empleo que aparezca, muchas veces sin contrato, sin protección y sin relación alguna con la carrera que cursan. El régimen convirtió la formación superior en una carrera de resistencia donde sobrevivir pesa tanto como graduarse.
Un reportaje de Juventud Rebelde admitió que miles de estudiantes universitarios trabajan para sostenerse. La propia publicación oficial recoge testimonios de jóvenes que se ven obligados a buscar ingresos para ayudar a sus familias y cubrir gastos básicos, en medio de una economía deteriorada que les vacía el bolsillo y les rompe la rutina de estudio.
Los casos descritos son el retrato de una precariedad normalizada. Un alumno de Ingeniería Informática en la Universidad de Sancti Spíritus aceptó un puesto administrativo para poder pagar sus gastos. Otro estudiante dejó Ingeniería y se fue al trabajo por cuenta propia en sublimación e impresión porque gana mejor y, al menos, tiene contrato legal. La lógica que impone el régimen es brutal: el ingreso inmediato termina pesando más que la vocación profesional.
El problema alcanza también a quienes sobreviven en bares, cafeterías o como ayudantes de construcción, muchas veces al margen de cualquier respaldo laboral. Un estudiante de Holguín reconoció que trabajó durante largos períodos sin contrato y que nadie se lo exigió. El propio medio oficial califica esa práctica como una violación grave de las normas laborales, aunque la denuncia queda a medio camino y no toca la raíz del desastre.
Las cifras citadas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social hablan de 2,842 estudiantes a tiempo parcial en el sector estatal, más de 2,100 de ellos universitarios. Pero el número real puede ser mayor, porque quedan fuera los que se mueven en el sector privado sin papeles ni garantías. Esa zona gris también forma parte del paisaje impuesto por la crisis: trabajo informal, horarios rotos y noches sin dormir para no abandonar la carrera.
Los estipendios estatales, de 200 a 600 pesos mensuales desde la llamada Tarea de Reordenamiento, no alcanzan para sostener una vida estudiantil mínima. El propio reportaje reconoce que ese dinero no cubre ni un traslado semanal entre provincias. Una alumna lo resumió con una imagen tan simple como demoledora: una pizza puede costar 250 pesos. En ese escenario, el supuesto apoyo del Estado queda reducido a una burla.
Juventud Rebelde intenta vestir esta realidad como esfuerzo y responsabilidad juvenil, pero lo que muestra es otra cosa: una generación obligada a sostener con su propio trabajo un sistema que no le garantiza comida, transporte, residencia ni horizonte profesional. La universidad cubana produce cada vez más sobrevivientes que estudiantes, y ese es uno de los costos más claros del mal gobierno.
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