Hiosbel Román Ramos, activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), denunció que el régimen en Artemisa le armó una causa penal y lo llevó a una condena de dos años de cárcel por un supuesto hurto. El caso vuelve a exhibir el uso político de la Policía y los tribunales para presionar a quienes disienten.
Román Ramos fue arrestado el 3 de febrero de 2025 en su propia casa por el jefe de sector de la Policía Nacional Revolucionaria de su localidad. La detención se apoyó en la declaración de un guardia del organopónico ubicado frente a su vivienda, quien al ser arrestado por vender cajas de tomates que presuntamente sustraía del lugar dijo a la Policía que había hecho negocios con el activista.
El opositor explicó que en varias ocasiones compró vegetales en ese huerto, porque la unidad vende parte de su producción a los vecinos. En el careo realizado en la unidad policial, el custodio afirmó que le había entregado dos cajas de hortalizas, versión que Román Ramos negó de forma tajante.
Después de aquel episodio, el activista permaneció encerrado durante 42 días y luego fue liberado junto con el empleado. Meses más tarde lo citaron a juicio. La vista tuvo lugar en septiembre del año pasado, en el Tribunal Municipal Popular de San Cristóbal, y según su denuncia no hubo representación de la Fiscalía, solo de miembros del tribunal y los abogados.
El resultado fue una sentencia de dos años de privación de libertad por el delito de hurto. Román Ramos señaló que, al inicio, las autoridades pretendían sancionarlo por robo con fuerza, pero cambiaron la figura delictiva al no contar con apoyo de los trabajadores del lugar.
El contraste entre su condena y la del sereno del organopónico también deja una señal incómoda para el régimen: mientras al activista le impusieron dos años de prisión, la persona que supuestamente cometió el robo recibió un año de reclusión domiciliaria de la casa al trabajo y una multa. La apelación ante el Tribunal Provincial Popular de Artemisa fue ratificada.
De acuerdo con el familiar que lo acompañó a entregarse a las autoridades el lunes 19 de enero, al momento de redactarse esta nota Román Ramos seguía en los calabozos de la Unidad de la PNR de Artemisa, sin haber sido trasladado aún al centro penitenciario donde deberá cumplir la condena. Los uniformados alegaron falta de transporte por escasez de combustible.
Hiosbel Román Ramos tiene 51 años, trabaja en el sector informal y vive en la comunidad de Los Pinos, en el municipio artemiseño de San Cristóbal. Su caso se suma a la persecución sistemática contra activistas que el aparato represivo intenta desgastar con expedientes, citaciones y condenas hechas a la medida.
Sé el primero en comentar