Venezuela sigue sumando presos políticos mientras el chavismo habla de amnistía. Foro Penal contabilizó 526 detenidos por motivos políticos, entre ellos 49 extranjeros o personas con doble nacionalidad, en un recuento cerrado hasta el lunes y difundido este jueves en Caracas. La cifra deja al desnudo la distancia entre el discurso oficial y la realidad de las cárceles.
La ONG, que lleva la defensa de estos casos, precisó que 353 de los detenidos son civiles y 173 militares. También detalló que 470 son hombres, 56 mujeres y que entre ellos hay un menor de entre 14 y 17 años. El retrato que ofrece ese registro es el de un aparato represivo que no distingue edades, rangos ni procedencias cuando decide encerrar por razones políticas.
Foro Penal puso el foco además en los extranjeros. Entre los 49 detenidos hay personas con nacionalidad colombiana, española, italiana, portuguesa, chilena, chipriota, además de un cubano, un ecuatoriano, un francés, un guyanés, un libanés y un trinitense, entre otros. La organización exigió la liberación inmediata de todos ellos y denunció que los presos políticos extranjeros son usados como fichas de canje.
La denuncia llega justo cuando familiares de presos políticos reclamaron que se cumpla de verdad la Ley de Amnistía aprobada por el Parlamento controlado por el chavismo. A 15 días de esa aprobación, la oposición y varias ONG la consideran excluyente. El propio esquema de aplicación deja fuera buena parte del período que la norma dice abarcar y limita el beneficio a trece hechos ocurridos en trece años distintos, además de excluir casos vinculados a operaciones militares.
En paralelo, la Justicia venezolana ha otorgado 6.071 libertades plenas dentro de ese marco, según informó el presidente de la comisión parlamentaria para aplicar la norma, el chavista Jorge Arreaza. La cifra convive con la existencia de centenares de detenidos y confirma que la amnistía avanza bajo control político, con filtros que el régimen ajusta a su conveniencia.
El gobierno de Venezuela insiste en negar que existan presos políticos y sostiene que se trata de personas que cometieron delitos. Foro Penal y otras ONG rechazan esa versión y mantienen viva una realidad que el poder intenta borrar con propaganda legalista. En un país donde la cárcel sigue siendo herramienta de castigo y presión, la amnistía parcial no borra el abuso: lo administra.
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