Venezuela pagó a Cuba 63.800 millones para la represión

Venezuela entregó a Cuba el equivalente a 63.800 millones de dólares para sostener una red de inteligencia, control político y represión que terminó metida en el centro del aparato de seguridad chavista. Así lo plantea un informe del Miranda Center for Democracy presentado en Miami, que ubica al régimen cubano en una de las alianzas más costosas y dañinas de la región.

La investigación describe ese vínculo como un intercambio diseñado para blindar al poder en Caracas y darle a La Habana una influencia directa sobre áreas sensibles del Estado venezolano. Según el reporte, el petróleo, los alivios financieros y otros mecanismos asociados a Petrocaribe sirvieron para pagar servicios de inteligencia, asesoría en seguridad y control interno que reforzaron la dominación política en Venezuela.

La cifra no solo mide dinero perdido. También muestra el nivel de subordinación que el chavismo aceptó en nombre de su propia supervivencia. El informe sostiene que esos recursos pudieron haber ayudado a recomponer parte de la infraestructura petrolera o aliviar el derrumbe de servicios como la electricidad y el agua. En vez de eso, quedaron atados a una arquitectura de vigilancia que fortaleció la represión y debilitó la soberanía venezolana.

El origen del esquema, según el documento, está en el Convenio Integral de Cooperación firmado en 2000 por Hugo Chávez y Fidel Castro. Desde entonces, Venezuela comenzó a enviar 53.000 barriles diarios de crudo a Cuba bajo un sistema de intercambio que el reporte califica de opaco y prolongado en el tiempo. En 2004, el acuerdo fue renovado con un precio mínimo garantizado de 27 dólares por barril para proteger a la Isla de las alzas del mercado internacional.

Entre 2005 y 2012, el envío de petróleo creció hasta su punto más alto. El informe afirma que en 2008 llegó a 115.000 barriles diarios y luego comenzó una caída sostenida. Aun así, el vínculo no desapareció: siguió operando con ajustes, descenso y recuperación parcial en distintos momentos, siempre con Cuba recibiendo un flujo vital de combustible y Caracas cargando con el costo político de esa relación.

El punto más sensible del reporte está en la reconfiguración del aparato represivo venezolano bajo influencia cubana. Los autores sostienen que desde 2008 el Grupo de Coordinación y Enlace, presentado como un nodo de inteligencia de La Habana, cambió la orientación de los organismos de seguridad hacia la vigilancia interna y la preservación del régimen. En esa línea ubican la creación del SEBIN y la transformación de la antigua DIM en la DGCIM como piezas de un sistema dedicado a controlar disidencias, infiltrar a los militares y vigilar a la propia población.

El informe también relaciona ese giro con acuerdos reservados firmados en mayo de 2008 entre los ministerios de Defensa de ambos países. De acuerdo con la investigación, esos pactos dieron a La Habana margen para reestructurar segmentos de la Fuerza Armada venezolana, entrenar agentes en la Isla y montar mecanismos de inspección y contrainteligencia que terminaron desplazando la misión institucional hacia el control político.

En materia de derechos humanos, el reporte recoge hallazgos de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre detenciones ilegales, tortura y otros tratos crueles contra opositores reales o percibidos y sus familiares. También cita más de 18.000 arrestos políticos acumulados entre 2014 y 2023, con un repunte cercano a los 2.000 detenidos después de las protestas por las presidenciales de 2024. Esa carga humana es la prueba más dura de la alianza: el dinero se convirtió en represión y el control se sostuvo sobre miedo, cárcel y castigo.

La lectura política queda al desnudo. El régimen cubano exportó métodos de dominación, y el chavismo los pagó con petróleo, deuda y soberanía. El resultado fue una estructura de poder pensada para vigilar, infiltrar y neutralizar a la oposición, mientras la población pagó el derrumbe de los servicios, la persecución y el cierre de cualquier espacio real de libertad.

El informe fue financiado por el International Republican Institute y presentado esta semana en Miami. Más allá de las siglas, deja claro algo que cubanos y venezolanos conocen demasiado bien: cuando estos regímenes hablan de cooperación, casi siempre están negociando cómo mantenerse en el poder a costa del país.

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