Delcy Rodríguez informó que ya entraron a Venezuela los primeros 300 millones de dólares de la venta de petróleo, parte de un total inicial de 500 millones que el régimen dice destinar a la protección del ingreso de los trabajadores y a la estabilización del mercado cambiario.
La funcionaria aseguró desde una comunidad popular al oeste de Caracas que esos recursos se usarán para frenar el golpe de la inflación y amortiguar el impacto de los vaivenes del tipo de cambio. Según explicó, el dinero será colocado en el mercado interno a través de los bancos nacionales y del Banco Central de Venezuela, con el propósito de sostener el poder adquisitivo y dar algo de oxígeno a salarios que siguen bajo presión.
Rodríguez añadió que los ingresos por la comercialización de hidrocarburos irán a dos fondos soberanos, uno orientado a proteger el ingreso de los trabajadores y otro a mejorar infraestructura y servicios. La fórmula confirma hasta qué punto la supervivencia económica de Venezuela sigue atada al petróleo, en medio de una disputa marcada por el control político, la presión exterior y la ruina acumulada por años de intervención estatal.
El propio gobierno venezolano había anunciado el 7 de enero que PDVSA mantenía negociaciones con Washington para la venta de volúmenes de crudo dentro de relaciones comerciales entre ambos países. Rodríguez defendió entonces una apertura a vínculos energéticos en los que todas las partes resultaran beneficiadas y la cooperación quedara fijada en contratos comerciales.
En paralelo, Donald Trump afirmó que en los primeros cuatro días posteriores a los bombardeos ordenados sobre la Gran Caracas y al secuestro de Nicolás Maduro, EE.UU. logró extraer 50 millones de barriles de petróleo en Venezuela. El mandatario estadounidense no ofreció detalles sobre las condiciones de ese intercambio ni sobre el papel de Caracas en las negociaciones.
Trump y otros altos cargos de su administración también se habían arrogado el control unilateral de la industria petrolera venezolana por un período indefinido. El propio presidente sostuvo además que empresas estadounidenses están interesadas en invertir en la rehabilitación de la infraestructura petrolera, dañada de forma visible por las sanciones de EE.UU.
Caracas, por su parte, denunció como una agresión militar la operación lanzada el 3 de enero bajo el pretexto de la lucha contra el narcoterrorismo. Según esa versión oficial, los ataques alcanzaron Caracas y los estados Miranda, Aragua y La Guaira, dejaron al menos 100 muertos y terminaron con el secuestro de Maduro y Cilia Flores, trasladados a Nueva York. Entre las víctimas figuran 32 cubanos del grupo que custodiaba al mandatario venezolano.
El gobierno venezolano también desmintió reportes sobre supuestas conversaciones secretas entre Diosdado Cabello y autoridades estadounidenses antes del secuestro de Maduro, así como versiones sobre una condecoración a agentes de inteligencia extranjeros. Con esa respuesta, Caracas intenta cerrar filas frente a una ofensiva política y mediática que busca sembrar desconfianza dentro de sus propias fuerzas y reforzar el control externo sobre el petróleo venezolano.
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