La vigilancia digital en Cuba se ha convertido en una pieza central del control político del régimen. Así lo plantea el Primer Informe Integral sobre la Vigilancia Digital en Cuba de Prisoners Defenders, elaborado a partir de 200 testimonios dentro y fuera del país, y presentado como una radiografía de miedo, monitoreo y castigo contra quienes disienten.
El documento describe un entramado sostenido en leyes punitivas, programas espía e intrusión tecnológica para desarticular redes sociales, cívicas y políticas independientes. De ese cerco nace la autocensura que la propia organización denuncia: cubanos que miden lo que publican, lo que escriben y hasta lo que comentan por WhatsApp para evitar sanciones, interrogatorios o detenciones.
Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, habló de un “tremendo nivel de autocensura” y de terror entre los ciudadanos por publicar en redes o conversar por mensajería. El informe sostiene que el 46,5 % de los encuestados sufrió intervención directa de sus comunicaciones y que la policía utilizó contenido de conversaciones privadas durante interrogatorios o detenciones sin orden judicial.
La pesquisa también registra una práctica más invasiva: la intrusión digital coercitiva. Según los testimonios recopilados, al 65,5 % de la muestra le obligaron a desbloquear el teléfono sin orden judicial. Después de ese acceso, las autoridades revisaron información privada, intervinieron comunicaciones y dejaron sesiones abiertas desde ubicaciones desconocidas.
El castigo no se limita a la captura del contenido. Casi todos los consultados, el 98,5 %, dijo haber recibido sanciones o amenazas por sus conversaciones digitales o publicaciones. Entre los testimonios figuran activistas, familiares de presos políticos y periodistas independientes, los blancos habituales de un aparato que persigue la palabra libre con la misma lógica con que reprime la protesta.
Prisoners Defenders también identifica el ciberpatrullaje, los cortes selectivos de internet y el bloqueo de acceso a la red como métodos recurrentes. Esos apagones digitales, según el informe, coincidieron con protestas y con fechas simbólicas como el aniversario del 11 de julio de 2021, una señal clara de que el régimen usa la conectividad como un instrumento de disciplina política.
La organización denuncia además la instrumentalización de la ley. Menciona el Decreto-Ley 370 y el nuevo Código Penal como herramientas para imponer multas, decomisar equipos y castigar la difusión de información contraria al llamado “interés social”, una fórmula ambigua que deja el poder en manos de la arbitrariedad estatal. En Cuba, la norma sirve para intimidar, no para proteger derechos.
Caren Herrera, directora jurídica de la ONG, advirtió que estas prácticas eliminan cualquier expectativa razonable de privacidad y vulneran de forma directa el derecho a la intimidad y a la libertad de expresión. El retrato que deja el informe es el de un régimen que vigila, interroga y sanciona para sembrar silencio, y que ha hecho de la vigilancia digital otra extensión de su aparato represivo.
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