San Antonio de los Baños y La Güinera siguen cargando el peso del 11J, pero la protesta que sacudió a Cuba en 2021 quedó enterrada bajo cárcel, vigilancia, exilio y castigo familiar. En esos mismos barrios, la gente vuelve a hablar de apagones, escasez y rabia contenida, mientras asume que salir otra vez a la calle tendría un costo demasiado alto.
Reuters recorrió en marzo de 2026 los sitios donde empezaron y se concentraron las protestas más duras de aquel día y encontró un país que no ha cerrado la herida. En San Antonio de los Baños, la imagen del pan que no llega, las cacerolas que golpean cuando se va la luz y las calles marcadas por la pobreza muestran la misma crisis que empujó a miles a manifestarse. La diferencia está en la respuesta del Estado: desde entonces, el régimen reforzó la represión y dejó claro que no tolera una reacción civil organizada.
La memoria de la violencia estatal sigue viva entre los vecinos. Varios entrevistados recordaron represalias contra manifestantes y sus familias, una práctica que empuja a la autocensura y aplasta cualquier intento de resistencia. Brian Jiménez, un panadero de 26 años de San Antonio de los Baños, dijo que la gente no volvería a salir por miedo. Robert Pérez, estudiante universitario, sostuvo que el gobierno tomó represalias después del 11J y que ese mensaje se extendió al resto del país.
Las cifras que rodean la represión confirman la magnitud del golpe político. Grupos de derechos humanos, la Unión Europea y Estados Unidos estiman que Cuba ha encarcelado entre 1.000 y 1.500 personas por aquellas protestas, muchas todavía con condenas largas. El régimen sostiene que se trató de delitos como desorden público, resistencia al arresto, robo y vandalismo, pero el alcance de las sentencias y el silencio oficial sobre los presos del 11J revelan una lógica de castigo para frenar el descontento social.
La calle, sin embargo, no ha desaparecido del todo. En barrios pobres de La Habana, Reuters presenció protestas por apagones en las que la gente golpeaba cacerolas hasta que la electricidad regresó y la protesta se disolvió. También hubo una sentada de unos 20 estudiantes en la Universidad de La Habana, que exigieron un plan para volver a clases tras la suspensión provocada por la escasez de combustible. Son episodios breves, pero suficientes para mostrar un país exhausto, con menos margen para protestar y más razones para quejarse.
San Antonio de los Baños resume esa Cuba atrapada. A solo 40 kilómetros de La Habana, el pueblo vive entre tractores, carretas, bicicletas, basura recogida a mano y vendedores de papas, cebollas y pepinos de cultivo local. Allí conviven quienes culpan a Washington y a las sanciones estadounidenses con quienes responsabilizan al régimen por la falta de prosperidad. Esa discusión no borra lo esencial: el Estado responde con control político y represión antes que con soluciones reales.
El 11J dejó una enseñanza que sigue vigente en la isla. Cuando la escasez, los apagones y la desesperación empujan a la gente a protestar, el régimen no abre espacio para el reclamo ni ofrece garantías. Cierra el internet, aprieta la vigilancia y reparte condenas. Por eso el miedo pesa más que la rabia, aunque la rabia siga ahí, viva, debajo de cada apagón.
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