La libertad religiosa volvió a chocar en Cuba con el muro del régimen. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos documentó al menos 873 violaciones durante 2025, con los momentos más duros entre marzo y junio, en un país donde la Constitución reconoce el Estado laico y el derecho al culto, pero el poder sigue imponiendo vigilancia, castigo y control político sobre creyentes y comunidades de fe.
El informe del OCDH retrata una práctica sostenida de hostigamiento contra iglesias, sacerdotes, líderes religiosos y personas vinculadas a espacios cristianos y fraternales. La propia organización advierte que en las semanas transcurridas de 2026 ya se repite el mismo patrón represivo, con acciones que confirman una política de presión sistemática desde el aparato estatal y la Seguridad del Estado contra quienes viven su fe también en el espacio público.
Entre los episodios más graves figura la reacción del régimen ante el mensaje «Peregrinos de Esperanza», difundido en junio por los obispos católicos cubanos con motivo del Año Jubilar. En ese texto, los obispos expresaron preocupación por la falta de bienes primarios, los apagones prolongados y la fragmentación de las familias por la emigración creciente. También pidieron crear un clima para impulsar los cambios estructurales, sociales, económicos y políticos que Cuba necesita. La respuesta oficial fue inmediata: el enfado del poder se trasladó al terreno religioso y luego se cerró la puerta a varios expertos internacionales invitados por una entidad católica a un evento académico.
El informe recoge además la expulsión del sacerdote mexicano José Ramírez, de la Congregación de la Misión, después de que las autoridades se negaran a renovar su residencia temporal. El religioso había tocado las campanas de la iglesia de La Milagrosa, en La Habana, como gesto de apoyo a vecinos de Santos Suárez que protestaban por los apagones. Fuentes internas de la Iglesia Católica señalaron a la Oficina de Asuntos Religiosos del Partido Comunista, bajo la dirección de Caridad Diego, como responsable directa de la medida, ejecutada bajo presión de la Seguridad del Estado y que obligó al sacerdote a salir del país en cuestión de horas.
También hubo acoso contra Dagoberto Valdés Hernández, director del Centro de Estudios Convivencia, y Yoandy Izquierdo Toledo, miembros de esa organización en Pinar del Río. Ambos recibieron citaciones, sufrieron interrogatorios y hostigamientos por intentar asistir a actividades de carácter diplomático, fueron amenazados, obligados a permanecer en sus casas en fechas consideradas sensibles y se les prohibió viajar a La Habana. El mensaje del régimen es claro: cualquier espacio independiente que combine fe, pensamiento cívico o compromiso social entra de inmediato en la mira del control político.
La persecución alcanzó también a la familia del pastor exiliado Alain Toledano Valiente, quien denunció en agosto que su esposa, Marilin Alayo, residente en Cuba, fue citada nuevamente dentro de una campaña prolongada contra su núcleo familiar. En paralelo, el OCDH documentó la negación arbitraria de asistencia religiosa a presos políticos como Oscar Sánchez Madan, coordinador del FANTU, y Roberto Pérez Fonseca y Ángel Jesús Veliz Marcando, ambos encarcelados por las protestas del 11J.
El año cerró además con un agravamiento de la presión sobre la masonería cubana. Según la organización, durante julio y agosto se intensificó el hostigamiento contra altos representantes de la Gran Logia de Cuba, en medio de conflictos internos y de una intervención creciente de la Seguridad del Estado. Hubo procesos investigativos, medidas cautelares y acoso contra líderes críticos como Juan Alberto Kessel Linares y José Ramón Viñas Alonso, Soberano Gran Comendador del Supremo Consejo del Grado 33 en Cuba. El patrón descrito por el OCDH deja al descubierto una política de citaciones, detenciones arbitrarias y vigilancia que golpea la libertad de asociación y la autonomía de organizaciones religiosas y fraternales en la isla.
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