Cárcel de Guantánamo enfrenta brote infeccioso y denuncian muerte de presos

La cárcel de Guantánamo atraviesa una crisis sanitaria que ya dejó cuatro muertos por tuberculosis y dengue entre enero y octubre de 2025, según denunció el director de la Agencia Audiovisual Independiente Palenque Visión, Rolando Rodríguez Lobaina. El cuadro descrito desde el penal confirma el estado de abandono en que el régimen mantiene a la población reclusa, sin medicinas, sin higiene y sin condiciones mínimas para enfrentar un brote infeccioso.

Rodríguez Lobaina explicó a Radio Martí que el problema rebasa las paredes de la prisión y golpea a toda la isla, pero dentro del penal la situación resulta todavía más brutal. En ese entorno cerrado, la falta de insumos médicos y la precariedad sanitaria convierten cualquier enfermedad en una sentencia de deterioro rápido, mientras los reclusos siguen expuestos a un sistema penitenciario que opera entre el descuido y el castigo.

A esa realidad se suma la alimentación deficiente, otro de los elementos que agravan el estado de los presos. El periodista y comunicador señaló que varios internos describen el lugar como un “secadero” y un “infierno”, una frase que resume la descomposición humana que reina en la prisión guantanamera.

Entre los encarcelados se encuentra el periodista independiente Yeris Curbelo Aguilera, a quien las autoridades le negaron la libertad condicional, de acuerdo con la denuncia de Rodríguez Lobaina. Curbelo Aguilera integra la propia Agencia Palenque Visión y cumple una condena de dos años por el supuesto delito de lesiones, una pena que sus allegados consideran injusta y directamente vinculada con su trabajo informativo sobre las protestas del 6 de mayo de 2023 en Caimanera.

El caso añade otro componente de arbitrariedad. Según la denuncia, Curbelo Aguilera fue agredido por seis personas y terminó lesionado, pero todos los implicados quedaron absueltos mientras él recibió condena. Desde el 24 de septiembre pasado le correspondía la libertad condicional, pero la Seguridad del Estado le ha negado ese beneficio, prolongando su encierro bajo el peso de una decisión política disfrazada de legalidad.

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