Delcy Rodríguez anunció este viernes una amnistía general para presos políticos en Venezuela y prometió el cierre de El Helicoide, uno de los símbolos más oscuros de la represión chavista. La jugada salió desde el Tribunal Supremo de Justicia, en un acto blindado frente a la prensa y sin plazos ni mecanismos concretos que permitan hablar de una salida real para los detenidos.
La vicepresidenta dijo que llevará una ley de amnistía general a la Asamblea Nacional “para favorecer la convivencia en Venezuela”, una decisión que, según afirmó, fue consultada con Nicolás Maduro. El mensaje intenta vender apertura, pero llega bajo la presión de una crisis que el régimen ha administrado durante años con encarcelamientos, excarcelaciones parciales y control político sobre quienes recuperan la calle sin recuperar la libertad plena.
El anuncio se produjo un mes después del inicio de excarcelaciones graduales tras la captura de Maduro el 3 de enero. El País señaló que la medida podría alcanzar a cientos de presos políticos que todavía siguen encerrados. La distancia entre lo que dice el chavismo y lo que reportan las organizaciones de derechos humanos vuelve a dejar al desnudo la opacidad con que opera el poder en Venezuela.
Mientras el régimen asegura haber liberado a más de 600 personas, las ONG cifran las excarcelaciones en unas 302, muchas de ellas sometidas a medidas cautelares estrictas. Esas restricciones incluyen la prohibición de salir del país, declarar a la prensa o acceder a determinados empleos. El castigo se mantiene, aunque cambie el formato del expediente.
Rodríguez anunció además que El Helicoide será transformado en un espacio de servicios sociales y deportivos para la comunidad. El edificio, administrado por los servicios de inteligencia, ha sido durante años el emblema del aparato represivo chavista y un centro asociado a la tortura. Su cierre tendría un peso simbólico enorme, pero solo si marca un quiebre con la maquinaria que lo convirtió en referencia del terror estatal.
La ley que prepara, según explicó, buscaría borrar las causas penales de los beneficiados. Quedarían fuera condenados por homicidio, narcotráfico y delitos comunes. Esa exclusión deja claro que el foco del anuncio recae sobre los presos políticos y sobre la necesidad del chavismo de descomprimir una presión que ya no logra esconder detrás de gestos parciales.
La exigencia de una amnistía general se ha fortalecido tras la caída de Maduro, con familiares de detenidos movilizados en vigilias y protestas frente a las cárceles. Organizaciones defensoras han advertido que muchos liberados siguen expuestos a vigilancia y presiones, una forma de persecución que mantiene intacto el control del régimen sobre sus víctimas. Por eso reclaman una norma que cierre de una vez los procesos abiertos por motivos políticos.
ONG y sectores de la oposición sostienen que aún quedan entre 600 y 700 personas encarceladas por razones políticas. A esa cifra se suman más de 9,000 bajo medidas judiciales y un número indeterminado de exiliados por persecución. Ese saldo resume el daño dejado por el chavismo: prisiones llenas, libertades recortadas y familias rotas por un poder que usa a los presos políticos como ficha de negociación dentro y fuera del país.
La promesa de Rodríguez solo tendrá valor si termina en libertades verificables y en el desmontaje real del castigo político. Mientras el régimen siga administrando la libertad como concesión y no como derecho, El Helicoide seguirá siendo mucho más que un edificio: seguirá siendo la prueba viva de una represión que Venezuela todavía no consigue cerrar.
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