El exministro cubano de Economía y Planificación Alejandro Gil recibió cadena perpetua por varios delitos, entre ellos espionaje, cohecho y sustracción y daño de documentos u otros objetos, en una condena que exhibe la podredumbre interna del aparato de poder que durante años presentó al país un discurso de control y disciplina mientras sus altos cuadros operaban entre privilegios, ocultamiento y abuso.
El Tribunal Supremo Popular también lo declaró culpable de daño de documentos u otros objetos en custodia oficial, violación de los sellos oficiales e infracción de las normas de protección de documentos clasificados. La sentencia salió de un primer juicio celebrado en La Habana entre el 11 y el 13 de noviembre, en el que el exministro y ex vice primer ministro quedó expuesto como la figura política de mayor rango condenada en Cuba en al menos 15 años.
Gil enfrentó además un segundo proceso, entre el 26 y el 29 de noviembre, por cohecho para cometer falsificación de documentos públicos, tráfico de influencias y evasión fiscal, los tres con carácter continuado. Por esa causa recibió 20 años de prisión. Ambas sentencias pueden ser recurridas en un plazo de diez días.
La propia nota del tribunal retrata el expediente con una crudeza poco habitual: lo describe como un funcionario que actuó de forma corrupta y simuladora, se aprovechó de sus responsabilidades para obtener beneficios personales, recibió dinero de firmas extranjeras y sobornó a otros funcionarios para legalizar adquisiciones de bienes. También lo acusa de engañar a la dirección del país y al pueblo, causar daños a la economía y poner información oficial clasificada a disposición de los “servicios del enemigo”.
En el lenguaje del régimen, la sentencia se sostiene sobre la idea de que la “traición a la Patria” merece la respuesta penal más severa. En la práctica, el caso deja al descubierto el fracaso moral y político de una estructura que durante años ascendió a sus cuadros más fieles, les entregó poder sobre la economía nacional y terminó exhibiendo sus propias grietas en un proceso judicial cargado de mensaje interno.
Gil fue miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y se formó como ingeniero en explotación del transporte. Hizo carrera en la empresa estatal cubana, dentro y fuera de la isla, y ocupó puestos intermedios en el Ministerio de Finanzas y Precios antes de saltar al centro del poder.
En julio de 2018 fue nombrado ministro de Economía y Planificación, una de las caras nuevas que acompañaron la llegada de Díaz-Canel a la presidencia tras la salida de Raúl Castro. Más tarde asumió como vice primer ministro y entró al Comité Central, lo que lo convirtió en una figura de peso dentro de la cúpula.
Su nombre quedó ligado a la reforma de 2021, la llamada Tarea Ordenamiento, una operación diseñada desde años antes que prometió corregir distorsiones y terminó hundiendo aún más el valor del peso y empujando al país hacia una dolarización cada vez más visible. El desastre económico de esa etapa quedó asociado a su gestión, y ahora se suma a un expediente penal que lo derriba desde el mismo entramado que lo encumbró.
En febrero del año pasado fue cesado del cargo. Primero se atribuyó su salida a los problemas en la aplicación de reformas económicas en medio de la crisis nacional. Un mes después, Díaz-Canel anunció que estaba bajo investigación por “graves errores” vinculados a delitos de corrupción. A finales del pasado octubre, la Fiscalía General de la República informó que enfrentaba once delitos. La caída de Gil confirma hasta dónde llega la corrupción en la cúspide del régimen: poder concentrado, control político y cuentas pendientes dentro de una maquinaria que se sostiene sobre el engaño y la impunidad selectiva.
Sé el primero en comentar