El régimen cubano llevó a cadena perpetua al exministro de Economía Alejandro Gil, en un proceso cerrado al escrutinio público y atravesado por acusaciones graves que terminan de retratar la podredumbre del poder en la isla. El máximo órgano judicial informó que la condena en primera instancia responde a espionaje y a otros delitos económicos, luego de un juicio celebrado en La Habana bajo el más absoluto secreto.
La sanción conjunta impuesta por el tribunal lo declara responsable de espionaje y de actos en perjuicio de la actividad económica. La corte suprema tampoco aclaró para qué país o entidad habrían sido cometidos esos supuestos actos, un vacío que deja al descubierto el manejo opaco con que el castrismo procesa sus propias purgas internas cuando necesita mandar un mensaje político.
Gil, de 61 años, fue además hallado culpable de cohecho, sustracción y daño de documentos u otros objetos en custodia oficial, violación de los sellos oficiales e infracción de las normas de protección de documentos clasificados. El tribunal sostuvo que incumplió los procesos de trabajo con información oficial clasificada, la sustrajo, la dañó y la puso a disposición de «los servicios del enemigo».
En un segundo proceso recibió 20 años de prisión por cohecho, tráfico de influencias y evasión fiscal. Según la sentencia, actuó de forma «corrupta y simuladora», se valió de las responsabilidades que ocupó para obtener beneficios personales, recibió dinero de firmas extranjeras y sobornó a otros funcionarios para legalizar la adquisición de bienes.
La condena deja al exministro con 10 días para apelar ambas decisiones. En el caso de la cadena perpetua, la legislación cubana obliga además a un recurso automático, lo que abre paso a un segundo juicio. El expediente queda así lejos de cerrarse, aunque el castigo ya exhibe la brutalidad de un aparato judicial que opera a conveniencia del poder.
Gil había sido destituido en febrero de 2024, después de dirigir la cartera de Economía y Planificación desde 2018. Desde entonces no volvió a aparecer en público. Su caída alimentó interrogantes en medio de la peor crisis económica del país en tres décadas, con inflación desatada, empobrecimiento masivo y una apertura caótica al sector privado que ha ampliado la desigualdad en vez de resolverla.
Los dos procesos se realizaron el mes pasado en un tribunal de un barrio periférico de La Habana, a puertas cerradas y con los medios oficiales bajo silencio. El inicio del juicio, el 11 de noviembre, estuvo rodeado por patrullas policiales y agentes vestidos de paisano. El 26 de noviembre, la AFP observó la llegada al tribunal de la esposa y la hija del exministro.
Tras conocerse la imputación, su hija Laura María Gil exigió en Facebook un juicio público y transmitido en directo por televisión, y pidió a la fiscalía pruebas públicas sobre las acusaciones de espionaje. También afirmó que su padre negaba todos los cargos. Esa reacción familiar añadió otra capa de tensión a una causa marcada por el secretismo, la vigilancia y la falta de transparencia.
La expulsión de Gil encaja en una tradición vieja del poder cubano: destituciones repentinas, rodeadas de misterio y resueltas en momentos de crisis o de tensiones internas. En esa lista aparecen Roberto Robaina, Felipe Pérez Roque, Carlos Lage y el general Arnaldo Ochoa, cada uno convertido en ejemplo de cómo el régimen ajusta cuentas cuando necesita exhibir lealtad absoluta y castigar cualquier fisura.
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