Un tribunal cubano repartió 34 años de cárcel entre seis cubanos que salieron a protestar pacíficamente por los apagones que castigan a la isla. La condena, dictada por el Tribunal Provincial Popular de Villa Clara, vuelve a mostrar cómo el régimen responde con castigo penal a una expresión elemental de descontento ciudadano.
Entre los sentenciados figura el intelectual y periodista independiente José Gabriel Barrenechea, condenado a seis años de prisión por desórdenes públicos. El fallo, que todavía no es firme, recoge la inconformidad de las defensas con la sentencia y deja claro que las penas impuestas van de tres a ocho años para los seis acusados. En Cuba, además, todos los abogados dependen de bufetes estatales, una pieza más del control que ejerce el aparato oficial sobre cualquier litigio sensible.
La sentencia describe que los hombres acudieron el 7 de noviembre a la sede del Partido Comunista en Encrucijada para reclamar electricidad. El propio documento solo recoge como grito principal «¡Queremos corriente!». En sus diez páginas no aparecen insultos contra las autoridades ni hechos de violencia. Aun así, el tribunal sostuvo que la protesta buscaba «desestabilizar el orden cívico» y generar «inseguridad entre la población».
El fallo también afirma que algunos de los condenados llamaron a más vecinos a sumarse y que otros golpearon objetos metálicos, identificados como calderos. Según la versión judicial, la movilización llegó a reunir a unos 300 residentes y terminó entorpeciendo el tráfico. Las autoridades locales, siempre según la sentencia, explicaron las razones del corte eléctrico, pero los acusados no abandonaron la protesta.
La represión del caso golpea de frente el derecho a protestar y convierte una demanda social básica en delito. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció que la sentencia viola la libertad de expresión y de reunión, mientras Amnistía Internacional sostuvo que nadie debería ir a prisión por ejercer sus derechos humanos.
Los seis condenados son varones de entre 26 y 53 años sin antecedentes penales. Cinco permanecían en prisión provisional desde pocos días después de los hechos. Barrenechea, además, no pudo salir de la cárcel ni siquiera cuando su madre estaba gravemente enferma, y solo le permitieron asistir después al funeral. El ensañamiento del régimen con ese caso retrata el costo humano de la represión.
La condena llega en medio de una crisis energética que el régimen no ha logrado resolver. Las viejas termoeléctricas fallan con frecuencia y el país no tiene divisas para importar suficiente combustible. Los apagones, que en muchas zonas alcanzan hasta 20 horas diarias, paralizan la economía y desquician la vida familiar. También siguen siendo un detonante de protesta en una isla donde reclamar electricidad basta para terminar en un tribunal.
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