La presión callejera volvió a Caracas con una exigencia que el régimen de Nicolás Maduro intenta contener a golpe de anuncios parciales: la libertad de todos los presos políticos. La ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos convocó una manifestación frente al Ministerio Público para denunciar que la promesa de excarcelar a un «número importante de personas» deja intacta la maquinaria de persecución que sostiene las detenciones por motivos políticos.
La convocatoria pone el foco en el método. Mientras las autoridades hablan de excarcelaciones, el reclamo de los activistas apunta a una liberación total, sin selectividad ni calculadas concesiones. En un sistema que usa la cárcel como herramienta de castigo y control, cada anuncio incompleto funciona como una maniobra para descomprimir la presión interna y comprar tiempo frente a la denuncia pública.
El caso vuelve a mostrar el terreno en que se mueven los opositores y familiares de detenidos en Venezuela: la calle, la denuncia y la vigilancia permanente sobre un aparato estatal que administra la libertad como si fuera una dádiva política. La protesta ante la Fiscalía busca precisamente romper esa lógica y colocar el reclamo donde corresponde, frente a una estructura que decide quién sale y quién sigue preso según su utilidad para el poder.
La escena también deja ver el costo humano de estas detenciones. Detrás de cada excarcelación parcial quedan familias enteras esperando, nombres que no entran en la lista y un mensaje de fondo que el régimen insiste en imponer: la disidencia se castiga, se negocia y se usa como instrumento político. La movilización en Caracas responde a ese abuso con una demanda clara que no admite maquillajes ni lenguaje burocrático.
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