La Fiscalía Provincial de Villa Clara quiere llevar a prisión por seis años a Lázaro Manuel Hernández Pérez, un joven panadero de Ranchuelo al que el régimen pretende castigar por publicar críticas en redes sociales contra los apagones y la escasez de uniformes escolares. El caso retrata hasta dónde llega el control político cuando una opinión incómoda termina convertida en expediente penal.
Según contó su primo, Ernesto Miguel Cañellas Hernández, a Martí Noticias, al detenido le imputan desacato y propaganda contra el orden constitucional. La acusación se apoya en publicaciones hechas con humor, donde Hernández Pérez cuestionaba la falta de tallas de uniformes y, además, comparaba la realidad diaria con comentarios similares al de Sandro Castro. La respuesta del aparato represivo fue directa: ir contra él por lo que dijo y por lo que se atrevió a mostrar.
Cañellas Hernández aseguró que las autoridades le dejaron claro al propio detenido que el video sobre los uniformes fue el que terminó de sellar su suerte. La frase atribuida a los agentes revela una lógica ya conocida en Cuba: cuando el ciudadano convierte el malestar cotidiano en burla, denuncia o señalamiento público, el régimen lo interpreta como desafío político y lo persigue como si se tratara de un delito mayor.
La petición fiscal también sostiene que el acusado usaba el seudónimo Joel Vera para incitar a la desobediencia civil ante los apagones y cuestionar la gestión de la gobernadora provincial, Milaxis Janet Sánchez Armas. El documento añade que se compartieron imágenes que llamaban a la población a salir a las calles. En un país donde la miseria energética y la escasez golpean a diario, cualquier mensaje de protesta puede terminar bajo lupa penal.
Antes de su detención, Hernández Pérez trabajaba por cuenta propia en su propia panadería en Ranchuelo, un negocio que levantó con equipos fabricados por él mismo. Su primo dijo que además regalaba pan a niños con autismo, a casos sociales, enfermos y ancianos sin comida. Ahora el local es atendido por su madre, mientras la familia vive bajo amenaza y con el temor de que le quiten la panadería, uno de los pocos espacios de sustento creados al margen del control estatal.
La denuncia familiar también dejó ver otro rasgo del sistema carcelario cubano: el castigo se extiende más allá del expediente individual y siembra miedo en toda la casa. Hernández Pérez tiene tres niños prácticamente a su cargo, y los suyos recibieron la advertencia de que podían perder el negocio. En la prisión La Pendiente, en Santa Clara, su primo supo además que hay otras personas esperando juicio por publicaciones en redes, críticas a la situación social y señalamientos contra el régimen. El patrón vuelve a repetirse: cárcel para el que habla, silencio impuesto para el resto.
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