La condena de seis años de cárcel contra el escritor José Gabriel Barrenechea, por gritar “queremos corriente” durante un apagón en Villa Clara, desató una nueva denuncia del sacerdote Alberto Reyes contra el régimen y su maquinaria represiva. El párroco colocó el caso en el centro de una realidad que golpea a millones de cubanos: el castigo judicial por reclamar agua, comida, medicinas, luz o libertad.
En una reflexión pública, Reyes señaló que la sentencia revela hasta qué punto las autoridades han perdido contacto con la calle y con las necesidades elementales del país. A su juicio, mientras el pueblo sigue saliendo a reclamar lo básico para vivir, el régimen insiste en pedir paciencia, sacrificio y resistencia, al mismo tiempo que culpa al bloqueo de toda ruina y endurece la represión con condenas injustas y juicios ejemplarizantes.
El sacerdote también apuntó contra la narrativa oficial que intenta sostener una supuesta cohesión nacional desconectada de la vida real. Mencionó la insistencia en fórmulas como la “guerra de todo el pueblo” y la defensa de políticas que ignoran la voz de la mayoría, pese a que en la calle, dijo, se respira otra cosa: cansancio, descrédito y rechazo abierto a la dictadura.
Reyes afirmó además que la gente comenta en público y en privado lo que ocurre en Venezuela y observa con esperanza cualquier desenlace que acelere el final del castrismo. Ese contraste entre lo que dice el poder y lo que piensa la población vuelve a exhibir la distancia cada vez mayor entre la propaganda oficial y una sociedad agotada por la escasez, los apagones y la falta de salida.
El párroco incorporó otra denuncia sensible: la presentación ante organismos internacionales de afirmaciones falsas, como el carácter “voluntario” del servicio militar, mientras se acumulan reportes de jóvenes que han muerto durante esa etapa. En su lectura, esa práctica confirma el uso de la mentira institucional para proteger al régimen y ocultar responsabilidades.
“El país se cae a pedazos”, resumió Reyes, al cuestionar una cúpula que interpreta cualquier demanda de cambio como traición y responde con más control político. Sus palabras se suman a las voces que denuncian el uso de la justicia como arma para castigar la disidencia y convertir casos como el de Barrenechea en advertencia para todo el que se atreva a protestar.
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