La Seguridad del Estado del régimen cubano volvió a usar el método de siempre: detención, interrogatorio y amenaza para tratar de disciplinar a voces independientes. Esta vez los blancos fueron Dagoberto Valdés Hernández y Yoandy Izquierdo Toledo, miembros del Centro de Estudios Convivencia, arrestados e interrogados el pasado viernes después del encuentro de Valdés con el encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer.
El Centro de Estudios Convivencia denunció en redes sociales que el caso de Valdés fue manejado por varios oficiales del aparato represivo, entre ellos el Mayor Jefe del Departamento Jurídico de la Seguridad del Estado, el Mayor Ernesto, el Mayor Manuel, jefe de la Brigada de Enfrentamiento a la Contrarrevolución en la provincia, y un oficial joven que ni siquiera se identificó. La escena revela el nivel de vigilancia política que el régimen aplica sobre cualquier contacto con una representación diplomática extranjera cuando ese vínculo no pasa por su control.
Durante el interrogatorio, el oficial a cargo llegó a acusar a Valdés Hernández de “terrorismo” y de “colaborar con una potencia extranjera que ha amenazado a Cuba con una intervención militar”. También le advirtió que no permitirían que Hammer contactara a personas para “utilizarlas para sus fines” y soltó la consigna de que morirían “con las botas puestas defendiendo a la Revolución”. Esa retórica confirma que la dictadura sigue confundiendo soberanía con cerco ideológico y trato de cuartel contra el disenso.
Después de más de dos horas de presión, los agentes redactaron un acta de advertencia que el activista no firmó y le ordenaron no responder a nuevas invitaciones del diplomático estadounidense ni a actividades futuras organizadas por él. El mensaje fue claro: el régimen pretende decidir con quién puede hablar un ciudadano y castiga cualquier espacio de intercambio que no controle su aparato político.
Al terminar con Valdés, el mismo oficial llamó a Yoandy Izquierdo y le explicó que la esencia del interrogatorio sería la misma, bajo el argumento de la “situación crítica del país”. En su caso, los agentes lo amonestaron por la supuesta manipulación que podía recibir del embajador y de otras sedes diplomáticas, y le dijeron que compartir las ideas del “enemigo” también constituye delito. La lógica represiva se repite: convertir la conversación, el criterio propio y el contacto internacional en faltas perseguibles.
El CEC también denunció el hostigamiento sostenido contra su organización y recordó que en los últimos días los sacerdotes Alberto Reyes Pías y Castor José Álvarez Devesa han recibido amenazas de la Seguridad del Estado por sus mensajes sobre soberanía y sus críticas a las condiciones que sufre el pueblo cubano. El cerco ya no se limita a opositores políticos tradicionales; alcanza también a creyentes y a figuras religiosas que se niegan a guardar silencio ante el deterioro nacional.
La reacción del régimen deja ver su nerviosismo frente a cualquier puente entre la sociedad civil cubana y actores externos que puedan escuchar denuncias sobre la Isla. En lugar de tolerar el ejercicio de la libertad religiosa y el intercambio cívico, la dictadura responde con vigilancia, citaciones y advertencias. Ese es el verdadero rostro de un poder que teme a la palabra libre y reacciona con represión cada vez que pierde control sobre el relato.
La Seguridad del Estado arrestó e interrogó a Dagoberto Valdés y Yoandy Izquierdo tras un encuentro de Valdés con Mike Hammer, en otra muestra de hostigamiento político.[7][
Sé el primero en comentar