La decisión de Naciones Unidas de colocar a Siria como vicepresidencia del comité que prepara la redacción de una convención sobre crímenes contra la humanidad ha terminado por exhibir, una vez más, la disposición del organismo a convivir con regímenes de fachada criminal mientras les concede asiento en espacios de legitimación internacional.
La agencia estatal siria celebró el nombramiento como una señal de normalización del poder instalado en Damasco, hoy controlado por un gobierno islamista encabezado por Ahmed al-Sharaa, jefe de la rama de Al Qaeda Hayat Tahrir al-Sham. Ese aparato llegó al poder tras derrocar a Bashar Assad y, desde los primeros meses, impulsó una constitución islámica pese a la presencia de múltiples minorías religiosas en el país.
El representante sirio ante la ONU, Ibrahim Olabi, presentó la designación como un voto de confianza hacia el gobierno de HTS y como reconocimiento a su supuesta capacidad para aportar en foros globales. La propia agencia estatal reforzó ese mensaje y sostuvo que la elección demuestra la voluntad de Siria de jugar un papel “constructivo” en asuntos internacionales, aprovechando su experiencia en años de guerra y atrocidades.
El problema de fondo es político y moral: el mismo entramado que ha estado vinculado a abusos graves ahora ocupa una de las posiciones de dirección en el mecanismo que debe sentar las bases de un futuro instrumento jurídico para definir y perseguir esos crímenes. La contradicción es evidente y la ONU la alimenta con su costumbre de dar espacio a gobiernos autoritarios, aunque pretendan presentarse como interlocutores respetables.
El comité en cuestión trabaja este año en los llamados “reglamentos de procedimiento” y en la organización de la conferencia que deberá reunirse en 2027 y 2028. La Asamblea General había aprobado en noviembre de 2024 la creación de ese proceso preparatorio, cuyo objetivo es abrir paso a una convención internacional sobre prevención y castigo de los crímenes contra la humanidad.
Mientras tanto, el secretario general António Guterres dio por resuelta la persecución contra los kurdos sirios después de que el gobierno emitiera un decreto para concederles nacionalidad. En la práctica, ese acuerdo también obliga a las fuerzas kurdas a desmantelarse, aceptar la autoridad de Damasco y entregar el control de sus territorios, en medio de denuncias de atrocidades cometidas por milicianos vinculados al nuevo poder.
La escena resume el deterioro institucional de Naciones Unidas: un organismo que pretende erigirse en árbitro de los derechos humanos sigue premiando a regímenes de corte autoritario o teocrático con posiciones de influencia. La lista de miembros del Consejo de Derechos Humanos, donde aparecen Cuba, Qatar y Pakistán junto a otros gobiernos señalados por graves abusos, confirma esa degradación.
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