El régimen de Nicolás Maduro anunció que El Helicoide dejará de funcionar como cárcel del SEBIN y pasará a ser un centro de servicios sociales y deportivos para la comunidad. La declaración la hizo Delcy Rodríguez durante la apertura del año judicial en la sede del Tribunal Supremo de Justicia, en un intento evidente de vestir con lenguaje social uno de los símbolos más duros de la represión chavista.
Ese edificio de Caracas quedó marcado durante años por denuncias de detenciones arbitrarias, incomunicación, torturas y malos tratos. Exprisioneros, familiares y organizaciones de derechos humanos lo han señalado como un centro de castigo político bajo control de los órganos de inteligencia del Estado. El anuncio de su cierre llega cargado de ese historial y no logra desprender al régimen de la responsabilidad sobre lo ocurrido dentro de esas paredes.
La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos expresó en 2022 preocupación por las condiciones de detención en centros administrados por servicios de inteligencia, entre ellos El Helicoide y Boleíta. Entonces advirtió que esos lugares no eran adecuados para la reclusión por los riesgos de malos tratos y de incomunicación.
Human Rights Watch y Amnistía Internacional también han documentado denuncias sobre detenidos incomunicados, restricciones para recibir alimentos y artículos básicos, y personas arrestadas por motivos políticos. Ese cuerpo de denuncias explica el peso político del anuncio y deja al descubierto una verdad elemental: El Helicoide quedó asociado a la maquinaria represiva del régimen, no a ninguna función social.
Rodríguez aprovechó la misma intervención para hablar de una ley de amnistía general destinada a los presos políticos y dijo que la propuesta sería enviada a la Asamblea Nacional. Presentó la iniciativa como un gesto para “favorecer la convivencia” y llamó a evitar “la violencia o la venganza”, en medio de un proceso de excarcelaciones abierto en enero y de presiones internas e internacionales sobre la situación de los detenidos.
La maniobra deja al descubierto la contradicción de fondo del poder venezolano: mientras anuncia amnistía y cierre de una cárcel emblemática, conserva intacto el aparato que convirtió ese lugar en una herramienta de persecución. El cambio de uso de un edificio no borra las torturas, no limpia los expedientes y no repara a quienes pasaron por El Helicoide como presos políticos.
Sé el primero en comentar