La nueva orden ejecutiva de Donald Trump vuelve a colocar al régimen de La Habana contra la pared. La medida impone aranceles a cualquier país que suministre petróleo a Cuba y apunta de lleno a una de las columnas que sostienen la supervivencia del poder castrista: el abastecimiento energético que le permite estirar una economía en ruinas y seguir administrando escasez sobre la población.
El golpe llega en un momento especialmente delicado para la dictadura, que depende de cada envío de combustible para mantener en pie servicios mínimos, mover una red estatal ineficiente y amortiguar, aunque sea por poco tiempo, la asfixia cotidiana que sufren los cubanos. Trump convierte así el suministro de petróleo en un costo político y comercial para terceros países, elevando la presión sobre un régimen que ha hecho de la dependencia externa una forma de gobierno.
La orden no se limita a un gesto simbólico. Va dirigida a endurecer el cerco económico sobre La Habana y a empujar cambios políticos desde el terreno más sensible para cualquier aparato autoritario: su capacidad de sostenerse materialmente. En Cuba, donde el desabastecimiento y los apagones forman parte del día a día, cualquier cierre de esa válvula golpea directamente a la calle y expone otra vez la fragilidad de un sistema que vive de importar lo que no produce y de culpar a otros por su propio fracaso.
Para el régimen, el mensaje es claro. Washington está dispuesto a subir el costo de sostener a la dictadura cubana, y lo hace por una vía que toca su nervio más vulnerable. En un país sometido durante décadas a la centralización, la censura y el control político, la economía sigue siendo el principal campo de batalla. Allí es donde el poder de La Habana muestra con mayor crudeza su deterioro.
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