Óscar Silvera, hasta ahora ministro de Justicia, pasó a encabezar el Tribunal Supremo de Cuba en una decisión que vuelve a dejar expuesta la sumisión de la justicia al régimen. La movida coloca en la cúpula judicial a un hombre que venía directamente del engranaje estatal, justo en la institución que debería servir de freno frente al poder.
El relevo encaja con la lógica política que manda en la isla: los cargos sensibles se asignan por lealtad y obediencia, jamás por independencia. En un sistema donde el partido y el aparato estatal marcan el paso, la presidencia del máximo tribunal queda atrapada en esa misma cadena de control.
La señal para el país es inequívoca. La justicia cubana sigue sin margen real para actuar con autonomía y el Tribunal Supremo continúa funcionando bajo la tutela del poder político. Cuando la cúpula judicial sale de las filas del propio régimen, la separación de poderes queda reducida a una fórmula vacía y la Constitución vuelve a quedar subordinada a la voluntad de arriba.
El nombramiento de Silvera no abre ninguna etapa nueva para los cubanos. Consolida la misma estructura que ha vaciado de contenido los tribunales y ha dejado a jueces y ciudadanos bajo un mismo mando político. Cambia el nombre en la presidencia, pero la justicia sigue amarrada al régimen.
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