Miguel Díaz-Canel terminó por admitir lo que millones de cubanos viven a diario: los apagones en La Habana y el resto del país se han agravado porque el régimen decidió llevar más electricidad a la economía y dejar a la población pagando la cuenta. En una comparecencia televisada, el gobernante intentó vender una imagen de control sobre la crisis energética, pero acabó confirmando que la vida cotidiana sigue sometida a una administración de escasez, roturas y combustible inexistente.
El propio Díaz-Canel explicó que hasta 2025 la prioridad había sido la población, mientras la economía permanecía paralizada. Este año, dijo, la decisión fue distinta: poner más energía en la producción agrícola e industrial, aunque eso implicara recortar aún más el servicio doméstico. Con esa frase dejó desnuda la lógica del régimen, que protege primero sus metas de control y supervivencia antes que el derecho elemental de la gente a tener luz.
El gobernante defendió el riego de cultivos, en especial el arroz, y la reactivación de fábricas estatales como justificación para el castigo eléctrico. También insistió en que la población se beneficiaría de lo que genere la economía, un argumento viejo en la propaganda oficial y cada vez más lejano de la realidad de los barrios, donde los cortes se alargan y la paciencia se agota.
Díaz-Canel reconoció además que el país lleva semanas sin generación distribuida, pese a haber recuperado más de 900 megawatts en ese sistema durante el año anterior. Admitió también que los déficits en horario pico superan con frecuencia los 1.800 o 2.000 megawatts, una cifra que explica por sí sola el colapso de la vida diaria en la isla.
En medio del deterioro, el mandatario trató de destacar la instalación de 49 parques fotovoltaicos con capacidad superior a 1.000 megawatts y aseguró que la participación de energías renovables subió del 3 al 10 por ciento. Pero el dato, por sí solo, no cambia el fondo del problema: las termoeléctricas siguen averiadas, el combustible no alcanza y el sistema eléctrico opera al borde del colapso.
El gobernante admitió incluso que, sin esos mil megawatts solares, el país estaría “sistemáticamente de apagón en apagón”. La frase describe mejor que cualquier discurso el estado de una infraestructura agotada, sostenida apenas por improvisaciones y por una narrativa oficial que intenta maquillar la ruina.
La situación en La Habana resulta especialmente dura. En varios municipios, los cortes superan las seis horas diarias, mientras el régimen pide comprensión y habla de sacrificios temporales. En la práctica, la población carga con la falta de agua, la afectación al transporte, la refrigeración de los alimentos y el deterioro de los servicios hospitalarios, mientras el aparato estatal decide dónde colocar la poca energía disponible.
La intervención de Díaz-Canel también dejó otra señal inquietante: el anuncio de un plan de preparación para la defensa y la aprobación de medidas para activar el Estado de Guerra si fuera necesario. Aunque afirmó que Cuba “no está en guerra”, el lenguaje militar confirma la obsesión de la cúpula con la amenaza externa y la lógica de plaza sitiada con la que justifica su fracaso interno.
En paralelo, el gobernante volvió a culpar a Estados Unidos del desabastecimiento de combustible y del agravamiento de la crisis. El contexto internacional pesa, pero el desorden energético cubano lleva años hundido por la incapacidad del régimen para sostener un sistema que ya no produce bienestar, solo carencias, apagones y control político.
La verdad que dejó al descubierto la comparecencia es incómoda para La Habana: el régimen elige alimentar su economía centralizada antes que proteger la vida diaria de la gente. Y cuando el aparato se queda sin combustible, sin reservas y sin salida, la factura llega siempre al mismo lugar, a la casa del cubano de a pie.
Sé el primero en comentar