Cinco ciudadanos españoles dejaron atrás meses de detención en Venezuela y ya viajan de regreso a casa, en una salida que vuelve a desnudar el uso político de las cárceles por parte del régimen de Nicolás Maduro. El anuncio lo hizo el ministro de Exteriores de España, José Manuel Albares, a través de su cuenta oficial en X.
Entre los liberados están dos vascos, Andrés Martínez Adasme y José María Basoa Valdovinos, arrestados en septiembre de 2024 bajo sospechas de participar en un complot contra el gobierno. También figura el marino canario Miguel Moreno Dapena, detenido en junio mientras exploraba pecios hundidos, junto al valenciano Ernesto Gorbe Cardona, apresado en diciembre. La lista incluye además a la activista hispano-venezolana Rocío San Miguel, presidenta de Control Ciudadano, detenida en febrero de 2024 cuando intentaba salir del país.
La noticia confirma algo que las familias de los presos políticos en Venezuela conocen demasiado bien: la libertad depende del cálculo del poder, no de garantías mínimas ni de un sistema judicial confiable. San Miguel había sido señalada por cargos que organizaciones internacionales de derechos humanos calificaron de arbitrarios, y su arresto terminó convertido en símbolo de la represión contra voces críticas dentro del país.
Albares celebró la liberación y agradeció el trabajo de la Embajada española en Caracas y de quienes hicieron posible el regreso. Pero detrás de ese gesto diplomático queda intacta la realidad de fondo: un aparato que encarcela por motivos políticos, prolonga la incertidumbre de las familias y usa la detención como herramienta de presión.
La salida de estos cinco españoles ocurre en medio de una expectativa creciente por otros presos políticos en Venezuela. Foro Penal estima que todavía hay cientos de personas privadas de libertad por razones políticas, mientras familiares y amigos se han concentrado en los alrededores de cárceles como El Rodeo y El Helicoide a la espera de alguna noticia.
Hasta ahora, el anuncio de Jorge Rodríguez sobre la supuesta excarcelación de un “número importante” de presos no se ha traducido en más liberaciones confirmadas. Ese contraste entre la propaganda oficial y la realidad en las cárceles resume el método del régimen: prometer alivio, administrar silencios y mantener a las familias atrapadas entre la esperanza y el miedo.
“Hay que esperar la llamada”, dijo uno de los familiares todavía en Caracas. En esa frase cabe el drama de quienes siguen pendientes de una llamada que puede significar una liberación o más horas de castigo bajo un sistema que convirtió la detención arbitraria en instrumento de control político.
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