El vocero oficialista Michel Torres Corona volvió a empujar la línea más dura del discurso del régimen al proponer una ley para sancionar en Cuba a quienes nieguen el impacto del embargo estadounidense y a quienes expresen apoyo político o simbólico a Donald Trump. La iniciativa, lanzada desde su programa propagandístico Con filo, lleva al terreno legal una obsesión vieja del castrismo: convertir la opinión en delito y la disidencia en traición.
Torres Corona presentó su idea como una supuesta defensa nacional frente a un “régimen imperialista” y al “neofascismo” que atribuye al presidente estadounidense. En su texto, publicado primero en Facebook y reproducido después por Cubainformación, el vocero pide criminalizar el llamado “negacionismo del bloqueo”, al que califica como un “intento de genocidio en curso”, y equiparar ese criterio con la “traición a la Patria”.
La propuesta va más allá de la propaganda habitual. El funcionario insiste en que cualquier discurso favorable a Trump o a quienes rodean su figura debería ser perseguido por el Estado cubano, con multas y otras medidas administrativas como sanción principal. La cárcel, según su planteamiento, quedaría reservada para reincidentes o para quienes colaboren de forma consciente con el “enemigo declarado de la independencia nacional”.
Para sostener esa línea, Torres Corona recurre a una comparación con la legislación alemana sobre el Holocausto y la propaganda nazi. Usa ese ejemplo para justificar que Cuba adopte una normativa parecida contra quienes minimicen el embargo o respalden al mandatario estadounidense. El argumento retrata con claridad el método del régimen: copiar el lenguaje de la legalidad para blindar la represión política.
El vocero también propone que una ley de ese tipo sea sometida a consulta popular y referendo, como si el voto pudiera lavar el carácter autoritario de una norma diseñada para castigar ideas. En su texto, presenta ese paso como una validación de la “voluntad del pueblo cubano de resistir el asedio del trumpismo” y lo amarra a la Constitución socialista de 2019, aprobada también por votación directa.
Incluso plantea que, si esa ley llegara a existir, deberían ser liberadas las personas que hoy “pudieran haber sido procesadas por conductas análogas”, para después aplicar el nuevo castigo con respaldo jurídico y moral. La fórmula revela el fondo de la propuesta: primero se destruye la libertad de expresión, luego se ordena el castigo con ropaje legal.
En paralelo, la presión oficialista sigue cayendo sobre voces y proyectos que se apartan de la propaganda del poder. Mientras Torres Corona agitaba su llamado a sancionar el “negacionismo del bloqueo”, trascendía que Ernesto Ricardo Medina y Kamil Zayas Pérez, integrantes de El4tico, habían sido acusados por el régimen de “propaganda contra el orden constitucional” e “instigación a delinquir” tras ser detenidos en Holguín y trasladados a la sede de Instrucción Penal conocida como “Todo el mundo canta”.
La ofensiva se completó con otra señal de hostilidad desde la estructura partidista. Joel Queipo Ruiz, primer secretario del PCC en Holguín, calificó a los jóvenes de “traidores invasores” y dijo que el proyecto audiovisual responde a “intereses imperiales”. El patrón es el mismo de siempre: desacreditar, criminalizar y abrir camino a la persecución contra cualquiera que cuestione el relato único del régimen.
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