El preso político del 11J Duannis León Taboada fue golpeado en el Combinado del Este, en La Habana, y enviado luego a una celda de castigo, según denunció su madre, Yenisey Taboada. El episodio volvió a exponer la violencia carcelaria que sostiene el régimen contra los manifestantes de julio de 2021, incluso dentro de una prisión de máximo rigor.
De acuerdo con el testimonio familiar, León Taboada sostuvo una discusión con otro recluso de su destacamento y, tras la intervención de las autoridades penitenciarias, terminó con una ceja rota. Su madre afirmó que hasta ahora no ha recibido atención médica ni los puntos que requería la herida, mientras permanece aislado en castigo dentro del penal.
La denuncia describe un patrón conocido en las prisiones cubanas: golpes, encierro disciplinario y negación de asistencia básica como respuesta a cualquier incidente que involucre a un preso político. En lugar de proteger la integridad del interno, el aparato penitenciario actúa como extensión del control político y convierte la celda de castigo en un instrumento de presión.
Taboada aseguró además que su hijo permanece en protesta desde el 29 de enero, sin llamadas telefónicas ni visitas. Esa incomunicación agrava una situación ya crítica y deja al preso expuesto a represalias fuera de cualquier garantía mínima de defensa o trato humano.
León Taboada fue condenado a 14 años de prisión por participar en las protestas del 11 de julio de 2021 en La Habana. Su caso, como el de tantos otros cubanos castigados por reclamar libertad, muestra cómo el régimen sigue utilizando las cárceles para prolongar la represión más allá de la sentencia.
La persecución también alcanza a la familia. Su madre ha denunciado presiones y represalias por insistir en la liberación de su hijo, y ambos recibieron en enero medidas cautelares de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El organismo advirtió entonces que sus derechos a la vida, la integridad personal y la salud estaban en riesgo de daño irreparable en Cuba.
La protección internacional, sin embargo, no ha frenado el maltrato. El caso de Duannis León confirma que, en la Cuba de hoy, un preso político puede ser golpeado, aislado y privado de atención médica sin que el régimen rinda cuentas. La cárcel sigue funcionando como una pieza central del castigo estatal contra quienes se atrevieron a protestar.
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