La presión ciudadana contra el encierro político en Cuba volvió a abrirse paso este miércoles con la entrega ante la Asamblea Nacional del Poder Popular de una Petición Ciudadana por una Ley de Amnistía, respaldada por 1,535 firmas verificadas. La iniciativa reclama la liberación de los cubanos presos por motivos políticos y deja al régimen frente a una exigencia concreta, nacida dentro y fuera de la isla.
La campaña, llamada “¡Por una Amnistía Ya!”, fue impulsada por familiares de presos políticos y por ciudadanos comprometidos con una salida humanitaria a una realidad que el poder insiste en ocultar o minimizar. Sus promotores sostienen que la petición se ampara en el derecho constitucional de queja y petición, recogido en el artículo 61 de la Constitución y en la Ley No. 167/2023, que regula ese procedimiento ante las instituciones del Estado.
El documento fue entregado en la sede del Parlamento por Yenisey Mercedes Taboada Ortiz, madre del preso político Duannis León Taboada, junto a Jenny V. Pantoja Torres y Miryorly García Prieto, quien quedó como representante formal para dar seguimiento al trámite ante las autoridades. La presentación incluyó un escrito técnico-jurídico, la carta difundida el 11 de enero y el listado de firmantes.
Los organizadores informaron que la campaña ya suma 2,155 apoyos válidos, aunque en esta primera entrega solo fueron cotejados y presentados 1,535. También precisaron que el 59% de los firmantes reside permanentemente en Cuba y que un 6% son familiares de presos políticos, con predominio de madres entre los vínculos más activos.
La petición reclama que la Asamblea discuta y apruebe una Ley de Amnistía capaz de reparar lo que describe como una injusticia prolongada y de abrir un gesto humanitario de reconciliación. El texto invoca además el ensayo El presidio político en Cuba, de José Martí, y recuerda que la única amnistía aprobada en la historia reciente del país fue la de 1955, decretada por Fulgencio Batista para liberar a los asaltantes del cuartel Moncada.
En ese reclamo también pesa el antecedente de una solicitud anterior, presentada en enero de 2024 por Wilber Aguilar Bravo, padre del preso político Walnier Luis Aguilar Rivera, que fue devuelta sin respuesta formal. Para los promotores de la nueva iniciativa, desde entonces la situación de los presos políticos se ha agravado y el país acumula más de 1,000 personas encarceladas por motivos políticos, muchas de ellas condenadas tras las protestas del 11 de julio de 2021.
La denuncia apunta además a las sentencias desproporcionadas, al silencio oficial sobre el carácter político de estos casos y al hacinamiento carcelario que golpea a más de 90,000 reclusos en total. En ese panorama, la amnistía aparece como una salida urgente para aliviar el sufrimiento de las familias y desmontar parte del costo social y económico de un sistema penitenciario usado como instrumento de castigo.
Los promotores insistieron en que la acción es cívica y no partidista, y prometieron proteger la confidencialidad de los datos personales de los firmantes. La campaña seguirá abierta para sumar nuevas adhesiones, que serán validadas y presentadas de manera progresiva ante la Asamblea Nacional.
La iniciativa marca otro desafío directo al aparato político del régimen: familias, presos y ciudadanos organizados usando la propia vía legal para exigir lo que la dictadura niega desde hace años. Frente al encierro, la represión y la negación del disenso, la petición coloca sobre la mesa una demanda elemental de justicia y reparación.
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