El preso político cubano Luis Miguel Oña Jiménez, de 27 años, murió días después de ser excarcelado tras sufrir una isquemia cerebral, en un caso que vuelve a poner bajo la lupa el trato del régimen a los detenidos por las protestas del 11J. La denuncia fue hecha por Prisoners Defenders, que sitúa la muerte del joven dentro de un patrón de abandono y castigo dentro del sistema penitenciario cubano.
Oña Jiménez fue detenido el 12 de julio de 2021, cuando tenía 23 años, por participar en las manifestaciones populares de La Habana. Aquella ola de protestas marcó el mayor estallido contra el poder desde el Maleconazo de 1994 y dejó al desnudo la crisis de alimentos, medicinas y libertades que arrastra el país. Por esa participación, recibió una condena de 12 años de prisión por sedición.
Durante su encierro pasó por la prisión de Panamá, en Güines, donde su salud se desplomó. Era paciente de VIH/SIDA y terminó sufriendo una isquemia que lo dejó paralizado de la boca, las manos y los pies. La familia y las organizaciones que han seguido el caso denuncian falta de atención médica, maltratos y torturas en un sistema carcelario donde la enfermedad se agrava con el abandono y la arbitrariedad.
La licencia extrapenal que recibió poco antes de morir tampoco le devolvió una oportunidad real de tratamiento. Según la familia, el traslado al Hospital Julio Trigo fue apenas un trámite antes de enviarlo de vuelta a casa, ya sin la atención especializada que necesitaba. Su madre, Ivón Oña, denunció que lo mandaron a morir fuera de la prisión, sin el tratamiento que requería. Tres días después falleció.
Ese final dice mucho sobre lo que ocurre con los presos políticos en Cuba. Human Rights Watch documentó en 2025 abusos contra manifestantes excarcelados, entre ellos golpes, aislamiento, insalubridad, raciones escasas de comida y agua, además de vigilancia constante y nuevas detenciones en algunos casos. El cuadro que dibujan esos testimonios es el de un aparato penal usado para castigar, quebrar y controlar, no para garantizar derechos básicos ni atención médica.
Prisoners Defenders sostiene que la muerte de Oña Jiménez responde a una práctica recurrente: deteriorar la salud de los presos políticos y soltarlos cuando el daño ya es irreversible. En Cuba, esa secuencia no habla solo de una tragedia individual. Expone la responsabilidad directa del régimen en el estado de las cárceles, en el abandono médico y en la persecución contra quienes se atrevieron a salir a la calle el 11J.
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