Las autoridades de Las Tunas comenzaron a cortar el servicio eléctrico a empresas estatales y privadas que excedieron el plan de consumo, una medida que expone hasta dónde ha degradado la crisis energética al país y cómo el régimen responde con sanciones antes que con soluciones.
La Oficina Nacional para el Uso Racional de la Energía aplicará desconexiones de hasta 72 horas, con la posibilidad de extenderlas, a los actores económicos que incumplieron los límites notificados. Según Periódico 26, la provincia activó un paquete de “medidas especiales” aprobado por los consejos energéticos provinciales y municipales para ajustar el gasto a los recursos disponibles, en medio de un sistema eléctrico al borde del colapso.
Maritza González Llorente, directora provincial de la Onure, explicó que la situación se revisa a diario para imponer recortes donde haga falta. Esa vigilancia permanente confirma el método con que la dictadura administra la escasez: control, castigo y más control, mientras la falta de combustible sigue empujando el colapso de la red.
El plan también incluye acelerar la instalación de sistemas solares fotovoltaicos en sectores considerados estratégicos. La funcionaria dijo que esos equipos están destinados a profesionales de la Salud, la Educación y a los Héroes del Trabajo, y que antes del 17 de febrero la provincia debe montar 584 módulos que ya están en el territorio.
La urgencia de esa operación muestra la fragilidad del sistema. En vez de una respuesta estructural para producir energía y sostener la economía, el régimen apuesta por parches, reasignaciones y privilegios selectivos para intentar mantener funcionando unas pocas áreas mientras el resto del país sigue hundido en apagones.
La medida más dura cae sobre los llamados “infractores energéticos”. La Onure estableció que la única sanción será el corte directo del servicio a las entidades estatales y no estatales que se pasen del consumo planificado. A quienes incumplieron en enero ya les están suspendiendo la electricidad, con aviso de 48 horas y por un mínimo de 72, aunque el castigo puede durar más si no recuperan el sobregiro.
Las autoridades también están sacando empresas de los circuitos conocidos como “no apagables”, esas líneas que suelen recibir trato preferencial incluso en jornadas críticas. Con ese ajuste, centros que antes estaban protegidos pasan a sufrir el mismo régimen de interrupciones que golpea a la población y destruye cualquier posibilidad de estabilidad productiva.
Los recortes se extenderán además a los fines de semana, cuando se ordenará abrir interruptores en servicios estatales desde el viernes hasta el lunes a las 5:00 de la mañana para reducir todavía más la demanda. La Onure dice supervisar el ciento por ciento de las entidades y reportar directamente a la dirección del país las incidencias detectadas.
El cuadro más revelador aparece en las panaderías. Las autoridades avanzan en un cronograma para reconvertirlas y producir pan con leña y carbón en lugar de electricidad, una señal brutal del retroceso al que ha sido empujada la economía cubana. Mientras la propaganda oficial habla de ahorro, la vida real muestra improvisación, precariedad y una regresión que castiga al trabajador y al consumidor.
Lo que ocurre en Las Tunas resume una política económica basada en apagar, restringir y sancionar. El régimen traslada el costo del derrumbe energético a empresas estatales, privados y ciudadanos, sin ofrecer una salida de fondo. En Cuba, la crisis ya no se administra: se impone a golpe de desconexión.
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