El régimen cubano anunció que las mipymes podrán importar combustible en plena crisis energética, pero la supuesta apertura llega amarrada al mismo aparato de control que ha mantenido ahogada la economía. Las empresas privadas no comprarán el carburante de forma directa ni lo moverán por su cuenta: deberán pasar por importadoras estatales, depósitos autorizados y una burocracia que sigue marcando cada paso.
La medida fue informada el 7 de febrero por el ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Óscar Pérez-Oliva Fraga, en un país golpeado por apagones frecuentes y por una escasez de combustible que afecta el transporte, frena la actividad productiva y complica la vida diaria en toda la isla. El régimen presenta la decisión como una flexibilización, pero conserva la llave del negocio y la capacidad de decidir quién opera y bajo qué condiciones.
Las llamadas Formas de Gestión No Estatal tendrán que gestionar las compras a través de importadoras estatales como QUIMIMPORT o MAPRINTER. El almacenamiento también quedará sujeto a la red de control oficial: instalaciones aprobadas por Planificación Física, certificadas por el Cuerpo de Bomberos y ubicadas en espacios propios, arrendados o dependencias de CUPET. A eso se suma la obligación de asegurar los depósitos en ESICUBA.
Ese esquema convierte la anunciada autorización en una operación cargada de costos añadidos y dependencia. Cada intermediario impuesto por el Estado encarece el combustible y retrasa cualquier alivio real para las mipymes, que necesitan insumos para producir, transportar y sostener sus negocios en medio del colapso energético. La promesa de apertura llega, otra vez, bajo el sello de un Estado que quiere seguir cobrando por todo.
En redes sociales, varios usuarios cuestionaron precisamente esos costos adicionales derivados de la intermediación estatal y del almacenamiento obligatorio. Hasta el momento, las autoridades no han informado los márgenes comerciales, las tarifas de almacenamiento ni los plazos de aprobación, datos esenciales para saber si la medida aliviará la crisis o terminará empujando más arriba el precio final para el sector privado y para los consumidores.
La decisión deja al descubierto el método del régimen: reconoce la emergencia, concede una salida limitada y mantiene intacto el control político sobre la economía. Cuba necesita combustible para mover su producción y aliviar los apagones; lo que recibe es otra maniobra burocrática donde el Estado conserva el poder de decidir, intermediar y gravar hasta la escasez.
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