El sector privado en Cuba ya recibe combustible importado, una salida parcial que vuelve a dejar expuesta la ruina del sistema energético y la incapacidad del régimen para garantizar algo tan básico como el abastecimiento. La medida aparece en medio del asedio petrolero de Estados Unidos, pero también en un país donde el Estado no consigue sostener por sí mismo el movimiento de la economía ni la vida diaria.
El hecho importa porque el combustible mueve casi todo lo demás. Sin gasolina y diésel se encarece el transporte, se frenan actividades productivas y se multiplican los costos de los negocios privados que hoy intentan mantener una parte del funcionamiento interno de la isla. Que ese suministro llegue por una vía pensada para el sector privado revela hasta qué punto el aparato estatal depende ya de parches para tapar una crisis que no resuelve.
La decisión también dice mucho sobre el modelo que el castrismo defendió durante décadas. El monopolio estatal se presentó como garantía de control y eficacia, pero la realidad terminó en lo contrario: una estructura que obliga a abrir espacios excepcionales para que actores privados busquen por su cuenta lo que el Estado no puede asegurar. El costo de esa ineficiencia cae sobre el país entero, no sobre la cúpula que ha administrado el desastre.
Para el cubano de a pie, la consecuencia sigue siendo la misma cadena de siempre: más tensión en los precios, más dificultad para moverse, más trabas para producir y más precariedad en los servicios. En una isla marcada por la escasez, cualquier alivio parcial para un sector convive con la misma verdad de fondo: el régimen no ofrece estabilidad ni solución estructural, solo medidas de emergencia que prolongan el colapso.
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