La Comisión Interamericana de Derechos Humanos volvió a dejar al descubierto el costo humano de la represión en Cuba. Esta vez otorgó medidas cautelares a favor del preso político del 11J Duannis Dabel León Taboada y de su madre, Yenisey Taboada Ortiz, ante el riesgo que ambos enfrentan bajo el aparato represivo del régimen.
El organismo regional consideró que los dos se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, porque sus derechos a la vida, la integridad personal y la salud están expuestos a un daño irreparable dentro de Cuba. La decisión reconoce una realidad que el régimen insiste en ocultar: la persecución contra un joven condenado por salir a protestar y contra una madre que ha tenido que convertir su reclamo de libertad en una batalla diaria frente a la policía política.
León Taboada fue condenado a 14 años de prisión por participar en las protestas masivas de julio de 2021 en La Habana. Su caso resume la brutalidad con que la dictadura respondió al 11J: largas condenas, castigo ejemplarizante y una política de terror diseñada para aplastar la protesta ciudadana. Su madre, por su parte, ha enfrentado amenazas y acoso constante por defender la liberación de su hijo y del resto de los presos políticos.
La CIDH advirtió que las amenazas contra Taboada Ortiz por parte de funcionarios estatales reflejan una situación de riesgo que puede concretarse en cualquier momento bajo el contexto actual del país. El régimen, como suele hacer cuando se le exige rendir cuentas, no respondió a la solicitud de información del organismo.
En su resolución, la Comisión pidió al Estado cubano adoptar medidas inmediatas para proteger la vida, la integridad y la salud de ambos beneficiarios. También exigió que las condiciones de detención de León Taboada se ajusten a los estándares internacionales, que se le practique sin demora una valoración médica integral y que reciba atención especializada y oportuna. Además, reclamó que no sea sometido a violencia, amenazas, intimidaciones o agresiones dentro de la prisión.
En el caso de la madre, la CIDH instó a que pueda ejercer su labor como defensora de derechos humanos sin hostigamiento ni intimidación, y que las medidas se coordinen con ella y sus representantes. También solicitó información sobre las acciones adoptadas para investigar los hechos que motivaron la resolución y evitar que se repitan.
La petición de cautelares fue presentada en noviembre por el Observatorio de Derechos Culturales. La resolución internacional pone otra vez en evidencia lo que el régimen cubano pretende negar: que detrás de cada sentencia política hay familias enteras sometidas a vigilancia, presión y castigo por exigir justicia.

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