Más de 150 empresas españolas han puesto en evidencia la morosidad del régimen cubano, que les debe alrededor de 255 millones de euros y las ha empujado a pedir al Ejecutivo español apoyo financiero extraordinario. La deuda golpea sobre todo a pequeñas y medianas compañías que exportaron alimentos, componentes para vacunas, artículos de higiene y fertilizantes, y que llevan años atrapadas en un impago que ya cerró negocios y llevó a otras al concurso.
El problema arrastra vencimientos acumulados entre 2017 y 2019 y muestra hasta qué punto el castrismo ha convertido sus compromisos comerciales en una trampa para sus propios proveedores. No se trata de una simple demora administrativa: la plataforma que agrupa a la mayoría de estas empresas asegura que no ha encontrado un interlocutor válido dentro del Gobierno cubano para encauzar la reclamación, mientras el dinero sigue sin aparecer y las consecuencias recaen del lado privado.
La deuda ha bajado desde los 284 millones que figuraban en 2023, pero esa reducción no responde a una mejora de pagos ni a una voluntad de cumplimiento por parte de La Habana. La propia plataforma atribuye el descenso al cierre de compañías afectadas, una señal brutal del costo que pagan los acreedores cuando un régimen incumple sin dar explicaciones ni salida real. En la práctica, el saldo del desastre es mayor, porque a los impagos se suman más de 23 millones de euros retenidos en Cuba y cerca de 40 millones en dividendos bloqueados en bancos cubanos.
Con esos fondos inmovilizados, el valor económico comprometido asciende a unos 318 millones de euros. Aunque el informe aclara que ese dinero no figura como deuda formal, para las empresas representa capital atrapado dentro de un sistema que no deja sacar utilidades ni recuperar inversión. Esa es una de las caras más claras del control económico del régimen: promete operar con capital extranjero, pero luego lo inmoviliza cuando le conviene y lo convierte en rehén de su propia insolvencia.
La plataforma dice que España acordó en 2016 un programa de conversión de deuda con Cuba por 375 millones de euros y que esos recursos no se han utilizado. Por eso reclama que se movilicen para aliviar a las empresas afectadas o, en su defecto, que se habiliten líneas especiales de crédito. El pedido deja al descubierto otra realidad incómoda: mientras el régimen cubano mantiene su aparato de control político, traslada el costo de su impago a terceros países y obliga a sus acreedores a buscar auxilio fuera de la isla.
El caso también revela el daño colateral que produce la inestabilidad cubana sobre firmas medianas y microempresas que, según la encuesta de ICEX, cargan con deudas que en muchos casos superan su facturación anual. Casi una quinta parte de las empresas afectadas tiene pendientes superiores a lo que facturó el último año, y ese grupo concentra buena parte del pasivo. La estadística confirma lo que ya sienten los proveedores: negociar con Cuba bajo el mando del régimen significa exponerse a un riesgo que termina rompiendo negocios enteros.
El impago, además, no se queda en los balances. Muchas compañías han tenido que tributar en España por beneficios que nunca cobraron, una anomalía que agrava el golpe y explica la urgencia de medidas de compensación. Mientras el castrismo sigue blindado en su opacidad, el costo cae sobre empresarios, trabajadores y familias que dependen de esas operaciones. La deuda con España vuelve a mostrar un patrón viejo y previsible: el régimen cubano incumple, bloquea, desgasta y deja que otros paguen la factura.
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