El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) sigue mostrando como “capturado” a Tareck Zaidan El Aissami, una de las piezas más fuertes del chavismo, aunque hoy permanece detenido en Venezuela desde abril de 2024. La ficha del exministro y exvicepresidente volvió a poner sobre la mesa el nivel de desgaste de una cúpula que durante años se movió entre poder político, negocios estatales y acusaciones de narcotráfico y corrupción.
ICE recuerda que El Aissami, de 45 años, fue señalado desde 2017 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro como uno de los cabecillas del narcotráfico mundial. En 2019 pasó a la lista de los más buscados de esa agencia y en 2020 el Departamento de Estado ofreció una recompensa de 10 millones de dólares por información que llevara a su captura por narcoterrorismo.
El peso del caso no está solo en la persecución judicial internacional. El Aissami ocupó cargos clave en los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, entre ellos ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, gobernador de Aragua, vicepresidente ejecutivo, ministro de Industrias, ministro de Petróleo y presidente de PDVSA. Ese recorrido lo colocó en el centro mismo del poder político y del manejo de una industria petrolera ya golpeada por la corrupción y el saqueo.
La Casa Blanca había señalado además que el Tren de Aragua creció de forma significativa mientras El Aissami se desempeñó como gobernador de Aragua entre 2012 y 2017. Ese dato conecta a una figura del régimen con una estructura criminal que ganó espacio bajo la sombra del poder, mientras el Estado venezolano se degradaba y el país pagaba el costo en violencia, impunidad y descomposición institucional.
Su detención en abril de 2024 por la Policía Nacional Anticorrupción venezolana, bajo cargos de traición a la patria, legitimación de capitales, asociación para delinquir y corrupción, llegó después de la caída de varios funcionarios de su entorno implicados en una trama millonaria dentro de PDVSA y otras empresas estatales. También lo obligó a renunciar al Ministerio de Petróleo. El expediente confirma hasta qué punto el chavismo convirtió áreas estratégicas del Estado en botín político y financiero.
Para Cuba, donde el castrismo ha copiado durante décadas esa misma lógica de poder cerrado, opacidad y privilegio, el caso de El Aissami funciona como espejo. Un aparato autoritario que controla los recursos públicos, protege a los suyos mientras conviene y luego sacrifica piezas cuando la podredumbre ya no se puede ocultar. Venezuela vuelve a mostrar el costo real de una élite que confunde gobierno con feudo y Estado con negocio.
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